Jesús Villegas reclama reforzar la Justicia en Ceuta y rechaza el estado de sitio: "Pongamos los pies en el suelo"

El magistrado Jesús Villegas sostiene que, aunque la crisis que atraviesa Ceuta es esencialmente una cuestión política, el Poder Judicial no debe permanecer al margen. A su juicio, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) dispone de herramientas para reforzar la respuesta de los tribunales ante el incremento de procedimientos relacionados con expulsiones y devoluciones.

"En realidad, desde el Consejo General del Poder Judicial, desde el gobierno de los jueces, sí que se puede hacer algo", afirma Villegas. Entre las posibilidades que plantea está prestar apoyo para que los jueces de Ceuta funcionen mejor y conseguir que "todos los trámites pendientes que tenemos, de expulsiones, devoluciones y así, vayan de una manera más ágil".

El magistrado apunta también a la posibilidad de aumentar los recursos disponibles y reforzar los órganos judiciales. "La presidenta del Consejo General del Poder Judicial puede dar mayores medios de apoyo, reforzar los órganos judiciales", señala.

Además, plantea que podrían estudiarse cambios en los plazos procesales si se percibe una situación de "colapso" o "saturación". "Por lo tanto, un cierto margen de maniobra sí que hay", concluye.

"Siempre se puede hacer algo"

Villegas recuerda que existen precedentes en los que las instituciones han tenido que reaccionar ante situaciones excepcionales relacionadas con la llegada de menores migrantes. Ante la referencia a la actuación de los tribunales en Canarias, el magistrado insiste en que las instituciones no pueden limitarse a contemplar el problema. "Sí, bueno, siempre se puede hacer algo", sostiene. Y añade: "No podemos decir que tenemos las manos atadas y quedarnos mirando como si el problema fuera de otros".

Villegas diferencia, no obstante, las responsabilidades de cada poder. "Evidentemente la crisis no es del Poder Judicial", reconoce, aunque inmediatamente añade que "el Poder Judicial sí que puede aportar su granito de arena".

Su planteamiento pasa por una colaboración institucional dentro de los límites de cada competencia. "Si nosotros los jueces exigimos que los políticos no se metan en nuestro terreno, nosotros tampoco podemos invadir el terreno de los políticos", sostiene.

Pero insiste en que el CGPJ puede actuar dentro de sus atribuciones: "El Consejo General del Poder Judicial, su presidenta, que es la presidenta del Tribunal Supremo, como gobierno de los jueces, puede intervenir allí para agilizar la Justicia, dar medios, reforzar, apoyar en esta situación de crisis que requiere un esfuerzo excepcional".

"El estado de sitio es para una guerra"

Preguntado por la posibilidad de aplicar el estado de sitio en Ceuta, Villegas se muestra tajante. "Aplicar el estado de sitio en Ceuta. Esa es la pregunta", plantea antes de reafirmar que esta figura constitucional está concebida para circunstancias de extrema gravedad.

"Eso se hace para situaciones bélicas de guerra, de conflicto", afirma. En caso de plantearse, "evidentemente eso es una decisión del poder político", con intervención del Parlamento y las mayorías establecidas por la Constitución.

Pero el magistrado pide evitar, a su juicio, respuestas desproporcionadas: "De verdad, pongamos los pies en el suelo". "Eso es para una guerra con armas, cuando se produce un enfrentamiento, un enfrentamiento bélico", recalca.

Villegas centra buena parte de su análisis en la prevención de las entradas irregulares. "Aquí lo que habría que haber hecho es que no entrasen", sostiene. El magistrado considera que la situación actual es consecuencia de decisiones previas y critica que ahora las instituciones tengan que afrontar un problema que, a su entender, podía haberse evitado. "Ahora nos quejamos de nuestra propia ineptitud, irresponsabilidad", afirma.

Villegas recuerda sus visitas a Melilla y las explicaciones que, según relata, recibió de agentes y expertos destinados en la frontera. "Me han dicho los agentes, los expertos que están allí sobre la marcha, que no ponen un muro porque da mala imagen", asegura.

Según su relato, se habría optado por soluciones fronterizas menos contundentes para evitar una imagen de cierre absoluto. "Parecería que sería la frontera de México o de Israel", explica.

"No puede haber expulsiones colectivas"

El magistrado reconoce que, una vez producidas las entradas, la respuesta debe ajustarse a la legislación. "Cuando se ven desbordados no saben qué hacer", afirma. "Pues miren, tendrán que apechugar con las consecuencias", añade.

Villegas recuerda que no pueden realizarse expulsiones colectivas y que cada caso debe analizarse individualmente. "Hay que expulsarlos, hay que devolverlos, hay que tratar el caso uno a uno. Y esa es la ley".

En su opinión, la situación actual es consecuencia de la falta de actuación previa: "Hemos llegado a este punto porque lo han permitido, porque no han sido capaces, porque no han querido pararlos en la frontera". "Ahora tendrán que asumir las consecuencias de su inactividad", sentencia.

"Han actuado de manera absolutamente ilícita"

En los términos más duros de la entrevista, Villegas califica de ilegal la entrada irregular en Ceuta. "Esos señores que han entrado, esos inmigrantes, lo han hecho ilegalmente, violando nuestras normas, saltándose no la valla, sino nuestras leyes", afirma. "No tienen ningún derecho a estar ahí", sostiene. Y añade: "Han actuado de manera absolutamente ilícita, antijurídica, ilegal".

El magistrado considera que los ciudadanos de Ceuta están soportando las consecuencias de la situación. "Los ceutíes están siendo las víctimas de una invasión que viene de otro país a pisotear nuestras leyes", afirma. También critica la actuación de las autoridades y la falta de una respuesta coordinada. "No solamente el Gobierno marroquí, sino los inmigrantes entran de una forma absolutamente ilegal y eso es inaceptable", sostiene.

El magistrado reclama unidad entre las instituciones y cuestiona el enfrentamiento entre administraciones.

"Yo pensé que los poderes públicos estaban actuando de manera conjunta", afirma. Y advierte: "Que empecemos a lanzarnos los trastos a la cabeza, unos a otros, debilita nuestro país frente a nuestros enemigos exteriores". También se refiere al presidente de Ceuta, Juan Vivas, cuya actuación considera correcta en las formas. "Ha obrado de una manera correcta, educada", señala. "Es un señor que habla con mucha educación".

"Se pueden simplificar los trámites"

Desde una perspectiva estrictamente jurídica, Villegas propone actuar en dos horizontes diferentes. A corto plazo, considera que los procedimientos pueden agilizarse. "Yo puedo sugerir, como hombre, como jurista, porque he estudiado la materia, que se pueden simplificar los trámites, obviamente, para que todo vaya más rápido", explica.

A más largo plazo, sitúa las posibles reformas en el ámbito de la política legislativa. "Se puede modificar la legislación ya para materias a más largo plazo", afirma.

Entre las posibilidades que plantea está revisar las condiciones para acceder a la nacionalidad y a la residencia legal en España. "De manera que sea más difícil adquirir la nacionalidad española, que sea más difícil tener una residencia legal, regular en España", señala.

Villegas sostiene que las condiciones legales pueden influir en las decisiones migratorias. "Esta gente viene aquí porque cree que le conviene", afirma. A su juicio, si se modificaran determinadas condiciones de acceso a la residencia, la nacionalidad o el arraigo, podría cambiar también el incentivo para emprender el viaje hacia España.

"Si se crean unas condiciones legales para que esta gente diga: 'Oye, mira, a mí no me interesa estar en España, porque mi situación legal no va a ser la adecuada, no voy a tener arraigo, no me van a dar la nacionalidad, no voy a tener las suficientes oportunidades que busco', pues tal vez no vendrían", plantea.

No obstante, vuelve a marcar una frontera clara entre las competencias judiciales y las políticas.

"Nuestro ordenamiento es muy generoso con los inmigrantes"

El magistrado considera que cualquier modificación de las condiciones de entrada, residencia o nacionalidad corresponde al Ejecutivo y al Legislativo, no a los jueces. "Nuestro ordenamiento político es muy generoso con los inmigrantes, sean legales o ilegales", sostiene.

Y concluye con una delimitación de responsabilidades: "Si queremos que las cosas cambien, pues eso es una tarea del Ejecutivo y del Legislativo, no de los jueces".

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