El 'celador de Olot' inicia su transición a mujer dentro de prisión: ya vive en un módulo femenino y pide operarse en la sanidad pública

El conocido como 'celador de Olot', considerado uno de los mayores asesinos en serie de este siglo en España, ha dado un giro inesperado a su situación penitenciaria. Joan Vila Dilmé, condenado desde 2013 por acabar con la vida de once ancianos a los que cuidaba en la residencia La Caritat, ha iniciado su transición de género mientras cumple su pena. Desde hace semanas, Vila Dilmé se identifica como Aída. Ha cambiado su apariencia y ya ha sido trasladado a un módulo de mujeres dentro de la prisión de Puig de les Basses, en Girona. Su intención es continuar el proceso con una operación de reasignación de sexo a través de la sanidad pública, cuyo coste podría alcanzar los 80.000 euros.

La decisión, según fuentes cercanas al caso, no ha sido improvisada. Se gestó durante meses con el acompañamiento de psicólogos y entidades especializadas. De hecho, durante el juicio ya se apuntó esta cuestión: uno de los psiquiatras que intervino aseguró que Vila manifestaba sentirse "una mujer atrapada en el cuerpo de un hombre".

El traslado y el inicio del proceso han generado una fuerte reacción social, especialmente entre las vecinos de la localidad, que ven con indignación la posibilidad de que el tratamiento sea financiado con fondos públicos. Jaume Dalmau, abogado que representó a varias de estas familias, rebaja el tono del debate en el plano jurídico: "Es una cuestión personal en la que no tenemos mucho que decir. A nosotros lo que nos interesa es que el señor o la señora Vila cumpla la condena que se le impuso".

"Se le considera persona vulnerable"

Desde el ámbito policial, el inspector jefe Serafín Giraldo explica que este tipo de situaciones activa protocolos específicos dentro del sistema penitenciario: "Se tiene que activar un protocolo de protección porque se le considera persona vulnerable. Hay medidas tanto para esta persona como para el resto de reclusas: separación de horarios, mayor vigilancia y control psicológico. El juez ha aprobado este tratamiento de carácter voluntario y, en este caso, no parece existir fraude de ley".

Ahora será el Departamento de Salud el encargado de evaluar los siguientes pasos en el proceso de transición. El caso reabre un debate lleno de aristas: ¿Debe prevalecer el derecho a la identidad de género incluso en los casos más extremos? ¿Dónde está el límite entre los derechos individuales y el impacto social de determinados crímenes? ¿Debe la sanidad pública asumir este tipo de intervenciones en personas condenadas por delitos graves?

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