El pleno del Ayuntamiento de Málaga ha aprobado con los votos a favor del equipo de Gobierno (PP), 16 de apoyo, 2 en contra y 12 abstenciones, la ordenanza de convivencia ciudadana que establece sanciones económicas para las prostitutas a menos de 200 metros de centros educativos y viviendas, entre otros.
Las multas, que oscilan entre los 750 y los 1.500 euros, abarcan desde el ofrecimiento y la solicitud, a la negociación y aceptación de servicios sexuales retribuidos, siempre que estas actividades se desarrollen en espacios públicos. El dinero recaudado se destinará a programas de formación y empleo para los prostitutas que quieran dejar la calle.
El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, ha indicado a los periodistas que la defensa de la dignidad del hombre y la mujer que se prostituyen es "más fácil" de ejercer en el marco de una legalización que en la alegalidad.
"Es un tema que está pendiente y hay que abordarlo con la valentía necesaria", ha aseverado el regidor, quien considera que esta ordenanza da respuesta a un fenómeno que "no puede permaneceren el limbo", y ha agregado que el objetivo de las sanciones es ayudar a la recuperación de estas personas y ofrecer alternativas.
De este modo, ha pedido que el Gobierno establezca un marco normativo que regule la prostitución y que permita a las administraciones locales tomar medidas a partir de los problemas surgidos y en apoyo de las víctimas de explotación social.