Nuevo giro en la "polémica" del cuelgabolsos: el dueño del restaurante de Ibiza reclama 36.000 euros a la clienta

El restaurante de cocina japonesa Wakame Ibiza ha anunciado acciones legales contra la clienta que denunció en la red social X que le habían cobrado 12 euros por un gancho para colgar el bolso, para después ofrecerle llevárselo con ella, sin avisarle de que tenía un coste.

La asociación de consumidores Facua se hizo rápidamente eco del caso, al igual que muchos usuarios de las redes, de hecho la publicación alcanzó casi las 600.000 visualizaciones. Litterio Cifalino denuncia que esta polémica ha perjudicado a su negocio y ha manchado la imagen del mismo, lo que le podría conllevar pérdidas económicas, "contribuyendo a incrementar el descrédito hacia Wakame Ibiza y, por extensión, al sector hostelero de la isla".

Una situación que no se produjo tal y como narró la mujer, según ha podido comprobar Antena 3 Noticias, ya que el servicio de colgar sus pertenencias en un gancho no se llegó a cobrar en ningún momento. El objeto, que forma parte del merchandising del restaurante y que el propietario fabrica él mismo, sí que está a la venta, pero el servicio de este no se cobra. Según Litterio, esta idea llegó porque muchos clientes se lo llevaban a casa porque les parecía bonito, y decidió ponerlo a la venta para evitar robos.

La versión del restaurante -que aporta documentación a este medio- es que todo se trató de una confusión involuntaria por parte del camarero, que pensó que la usuaria quería comprarlo, algo que desde el restaurante sí que admiten que se ofrece a los clientes. Lo que ocurrió, según el dueño del local, es que primero se emitió un tique con el cobro del gancho como venta, y después, al avisar la clienta de que no lo quería, se le rectificó emitiendo otro ticket sin este importe -y sin llegar a abonarse esos 12 euros a la usuaria -. Tras la situación, la usuaria decidió colgar una foto de la primera factura, la que reflejaba el importe del gancho, y la publicación sacudió la indignación en las redes sociales.

Ahora, el dueño le reclama a la mujer por vía legal la retirada de las publicaciones, una rectificación pública, y el pago de una indemnización de 36.000 euros por daños y perjuicios, con posibilidad de ampliación si los efectos negativos persisten por "acusaciones de prácticas engañosas acompañadas de un documento distinto de la factura real".

Su letrada Marina Corral, directora de Corral Abogados Penalistas, recuerda que este caso "abre un debate necesario sobre la responsabilidad en la viralización de noticias falsas en redes sociales". Ante la gravedad del daño reputacional y económico ocasionado, la representación legal del restaurante ha solicitado un acto de conciliación previo a la interposición de querella criminal por calumnias con publicidad, tipificadas en los artículos 205 y siguientes del Código Penal. Y añade que, ahora, "la justicia deberá pronunciarse sobre quién asume las consecuencias de la injuria grave con publicidad: si el autor original de las acusaciones, las plataformas que las viralizan o las entidades que las difunden sin contrastar".

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