El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ha rechazado decretar la prisión provisional ni otro tipo de medidas cautelares contra Brahim Ghali una vez que el líder del Polisario ha declarado por videoconferencia desde el hospital de Logroño ante el magistrado.
En sendos autos que responden a la petición de medidas por los querellantes en las dos causas por las que ha declarado, el magistrado ha acordado que Ghali aporte un domicilio y teléfono en España a fin de estar localizado. El fiscal y el abogado de la defensa se han opuesto a la adopción de medidas cautelares.
Brahim Gali, por su parte, ha negado las acusaciones de genocidio, secuestro y tortura que pesan en su contra.
El juez ha señalado que "no puede apreciarse riesgo de fuga alguno. No consta dato alguno para apreciar que el investigado pueda o quiera sustraerse a la acción de la justicia, máxime a la vista de que en cuanto ha tenido conocimiento de los hechos investigados se ha personado en la causa y ha accedido a la práctica de su declaración, incluso a la vista del estado de salud en el que se encuentra que bien le hubiera permitido a su defensa solicitar posponer la declaración".
Comparecencia telemática
El líder del frente polisario ha comparecido por videoconferencia desde el hospital de Logroño, donde lleva ingresado más de un mes tras entrar en España para ser tratado de COVID-19, mientras aumenta la tensión entre Madrid y Rabat.
Pedraz ha tomado declaración a Gali por las dos querellas presentadas contra él por presuntos delitos de lesa humanidad, genocidio y torturas. Todos negados por Gali.
El presidente de la autoproclamada República Árabe Saharaui Democrática (RASD) ha comenzado declarando por la querella interpuesta por el activista de origen saharaui Fadel Mihdi Breica, que denuncia presuntas torturas sufridas en los campamentos polisarios de Tinduf (Argelia) en 2019 por parte de militares del Polisario.
A continuación lo ha hecho por la impulsada en 2008 por la Asociación Saharaui para la Defensa de los Derechos Humanos (Asadeh), reabierta hace unas semanas, que pide investigar el trato sufrido en Tinduf "por los prisioneros de guerra" y por ciudadanos saharauis, "especialmente por los de origen español, en manos del Frente Polisario".
"Motivos políticos"
Gali, a través de su abogado, Manuel Ollé, ha asegurado que las acusaciones que se le atribuyen obedecen exclusivamente a "motivos políticos".
Tras su comparecencia, las acusaciones han solicitado como medidas cautelares desde la prisión provisional hasta la retirada del pasaporte, mientras que la Fiscalía ha pedido que aporte un domicilio y un teléfono para estar localizable.
Expectación mediática
El juicio ha levantado gran expectación mediática. El ingreso de Brahim Gali a mediados de abril en el hospital San Pedro de Logroño ha desencadenado una crisis sin precedentes entre España y Marruecos. El ministro de exteriores marroquí señaló que la "grave crisis" entre ambos países no terminará con la comparecencia de Gali, sino cuando "España aclare sin ambigüedades sus elecciones, sus decisiones y sus posiciones" en relación al Sáhara Occidental.
La respuesta desde España no se hizo esperar y Pedro Sánchez aseguró que "no es admisible que un Gobierno diga que se atacan las fronteras, que se abren para que entren 10.000 en un país vecino por desavenencias y discrepancias en política exterior".
Auto del juez Santiago Pedraz
