Frente Polisario

Brahim Gali, líder del Frente Polisario, acepta declarar ante la Audiencia Nacional por vía telemática

Brahim Ghali, internado en el Hospital San Pedro de Logroño por coronavirus, ha aceptado declarar ante la Audiencia Nacional de forma telemática

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Brahim Gali, líder del Frente Polisario y origen de la crisis migratoria desatada la semana pasada en Ceuta, ha aceptado declarar ante la Audiencia Nacional siempre y cuando su comparecencia sea por vía telemática.

El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz decidió la semana pasada reabrir la causa por genocidio, asesinato, terrorismo y otros delitos contra Gali, que actualmente se encuentra ingresado en un hospital de Logroño por un caso grave de coronavirus.

El líder del Frente Polisario rechazó en un primer momento firmar la petición para acudir a declarar, pero ahora, después de que Pedraz rechazase retirarle el pasaporte al entender que no hay riesgo de fuga, ha aceptado hacerlo por vía telemática.

El ingreso en el hospital español de Gali motivó que a principios de la semana pasada el Gobierno de Marruecos permitiese la entrada masiva de 8.000 inmigrantes ilegales en Ceuta, desatando una crisis diplomática entre ambos países.

"Respeto" a la justicia española

Según han confirmado fuentes saharauis, Brahim Gali, que usó una identidad falsa para ingresar al hospital de Logroño, declarará ante la Audiencia porque "respeta a la Justicia española y porque quiere desmontar la estrategia de Marruecos de criminalizar al líder del Frente Polisario", puesto que la querella ha sido "impulsada por Rabat para crear un conflicto a España y el Frente Polisario", señalan dichas fuentes.

Ghali está citado el 1 de junio por una querella que interpuso el activista español de origen saharaui Fadel Mihdi Breica por delitos de lesa humanidad, detención ilegal y torturas cometidos supuestamente en 2019 en los campamentos polisarios de Tinduf (Argelia), y para notificarle además la reapertura de otra investigación contra él por presunto genocidio, impulsada por la Asociación Saharaui para la Defensa de los Derechos Humanos (ASADEH) en 2008.

Fue precisamente la ASADEH quien solicitó que se le retirase el pasaporte ante "el riesgo inminente de fuga".

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