Okupación ilegal

Unos okupas destrozan la casa de un anciano con demencia ingresado en una residencia

Manuel sufre una demencia degenerativa que le obliga a estar ingresado en una residencia de ancianos. Unos okupas entraron en su casa convirtiéndola en un criadero de perros y destrozándola. Este anciano vive gracias a la pensión mínima y lo ha perdido todo.

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Manuel, de 83 años, sufre una demencia degenerativa que le obliga a permanecer ingresado en una residencia de ancianos. Cuando dejó su casa para ingresar en este centro unos okupas entraron en la vivienda llegando a usarla incluso como criadero de perros. Este anciano ha ido poco a poco perdiendo todo su patrimonio. ´Según los cauces habituales recuperar la casa le costaría un proceso civil que le llevará años.

Rafael García Zurita es el abogado de Manuel. El proceso para recuperar la vivienda ha sido muy difícil. Tras negociaciones con los okupas consiguieron recuperar la casa en un plazo de 2 meses pero al recuperarla la encontraron prácticamente destrozada debido al criadero de perros que habían instalado en ella.

La casa estaba llena de excrementos, y los okupas habían arrancado los radiadores y los azulejos. Se trata de una casa de más de 250.000 euros que quedó en un valor de unos 60.000 después del estrago de los okupas.

Manuel vive gracias a una modesta pensión contributiva y ahora lo ha perdido todo

Manuel tiene demencia senil degenerativa y vive gracias a una pequeña pensión contributiva. Haber tenido esta casa para poder vivir es fundamental para tener ingresos.

César es el sobrino y tutor legal de Manuel. Cuenta que su tío no se ha enterado de los hechos ya que debido a su enfermedad la familia ha intentado ocultárselo. "Todo lo que era su patrimonio se ha volatilizado. Sobre el estado de la casa no puedo decirte lo que pensé, sino lo que sentí porque tengo muchos recuerdos de mi infancia en esa casa y fue terrorífico".

Rafael abandera el proceso de 'Justa Causa' que intenta tratar de elevar a las instancias superiores del poder judicial como el Tribunal Supremo estos casos de okupación. El objetivo es que tratar que los criterios para la ejecución de medidas cautelares para el desalojo, que es la recuperación de la vivienda en un plazo de 24- 48 horas, se unifiquen a nivel de las audiencias provinciales a través de la jurisprudencia que pueda mandar del Tribunal Supremo.

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