El abogado de Ana Julia Quezada, sobre los favores sexuales en prisión: "Es como decir que a las mujeres que las violan es porque van provocando"

El escándalo en torno a Ana Julia Quezada, condenada por el asesinato del niño Gabriel Cruz, ha vuelto a estallar tras conocerse que habría tenido un teléfono móvil en prisión y mantenido supuestas relaciones sexuales con al menos un funcionario penitenciario. Mientras la investigación judicial sigue abierta, su abogado, Esteban Hernández Thiel, ha roto su silencio en Espejo Público con declaraciones muy contundentes.

"Decir que es el preso el que seduce a los funcionarios, es como decir que a las mujeres que las violan es porque van provocando", afirmó con rotundidad.

Culpa a los funcionarios

La defensa subraya que en un entorno penitenciario el desequilibrio de poder es total, y que cualquier insinuación que responsabilice al interno de la relación resulta inaceptable. "Evidentemente, en las prisiones el poder lo tienen los funcionarios, no los presos y que realmente decir que es el preso quien seduce al funcionario cuando es el preso el que no está en libertad para decidir sobre su sexualidad", explicó..

Hernández Thiel insiste en que los hechos deben analizarse bajo el marco legal vigente: "Existe el artículo 443 párrafo segundo en el Código Penal que dice que el funcionario de instituciones penitenciarias que solicitara sexualmente a un preso bajo su custodia comete un delito castigado con pena de 4 años".

¿Chantajes?

Sobre los supuestos chantajes a la dirección de la prisión, también se mostró escéptico. "Me cabe mucha duda eso de que sea cierto que se chantajeaba y en todo caso ya en el año 2023 la prisión había informado positivamente al traslado de Ana Julia", dijo.

La defensa cuestiona el relato generalizado sobre la manipulación institucional desde dentro de la celda. "Los informes dicen de ella que su comportamiento en prisión es el correcto, por eso tenía destinos y la prisión informó favorablemente. Es Instituciones Penitenciarias quien no lo aprueba. Por lo tanto, no tiene sentido que ella pretendiese chantajear si ya la prisión hubiese informado favorablemente un traslado".

Móviles en las cárceles

Además, el letrado recuerda que el fenómeno del contrabando dentro de las cárceles no es excepcional. "Móviles en prisiones, si no hay cientos hay miles que no debe haber, pero los hay. Y droga también hay por miles. Lo que está claro es que existe y la explicación es muy simple: léanse el artículo 443 del Código Penal. Es lógico que exista porque quien está en prisión, sujeto a la guarda y custodia de un funcionario, no tiene libertad para decidir sobre su sexualidad, por eso el Código Penal lo castiga".

A preguntas sobre si su clienta ha confesado la posesión del móvil o sobre el módulo en el que se encuentra recluida actualmente, el abogado fue claro. "No tengo ni idea, no lo sé. Porque se le eliminan constantes. Es decir, el tratamiento penitenciario que debía ser un tratamiento que por sus causas regañado, individualizado y demás... creo que es lo propio que se haga con esta señora que está condenada a prisión permanente revisable. Pues obviamente si constantemente está en los medios de comunicación, esto se va a dificultar".

No conoce la denuncia

Sobre la denuncia presentada por Patricia Ramírez, madre del menor asesinado, prefirió no emitir juicio alguno por respeto. "No conozco la denuncia si efectivamente se ha hecho o si no se ha hecho. Lo que sí le puedo decir es lo que vengo diciendo siempre, siento la máxima compasión y respeto por el dolor de esa madre y en fin, por respeto a este dolor, pues prefiero no aventurar opiniones", explicó.

Finalmente, al preguntarle por la responsabilidad del funcionario implicado, fue tajante. "No hay una agresión sexual, hay un delito de un funcionario que solicitara sexualmente. Evidentemente nosotros nos personamos como acusación particular", concluyó.

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