El número de estados en todo el mundo que utiliza la pena de muerte como herramienta contra las drogas, sigue siendo alto pese a incumplir el derecho internacional, según ha manifestado Amnistía Internacional con motivo del Día Mundial contra la Pena de Muerte que se conmemora el 10 de octubre.
Son al menos 11 los países que en los últimos años han dictado condenas de muerte o han ejecutado personas por delitos de drogas, y decenas de ellos tienen incluyen esta pena capital entre sus leyes aunque no se haya llevado a cabo recientemente.
Según el derecho internacional, la pena de muerte se debe limitar a “los más graves delitos”, haciendo referencia al homicidio internacional, donde no entran los delitos de drogas. Además, también uno de los objetivos del derecho internacional es que los estados avancen en este ámbito y no se siga utilizando la pena de muerte.
Pese a ello, muchos estados consideran que el narcotráfico y los problemas causados por el consumo de drogas deben combatirse, si es necesario, con el uso de la pena de muerte, haciendo caso omiso de las pruebas que demuestran que es más efectivo combatirlo siguiendo las bases de los derechos humanos y la salud pública, con medidas como la prevención del consumo de sustancias y el acceso a tratamiento.
Otro problema que conllevan las penas capitales es que en muchos países los juicios son manifiestamente injustos. Según Amnistía Internacional, en países como Arabia Saudí, Indonesia o Irán, niega de forma habitual a los acusados el acceso a abogados, o son coaccionados mediante tortura y otro tipo de malos tratos para que realicen confesiones que puedan utilizarse como pruebas contra ellos.
