Ricardo Alonso, propietario de Urbagestión, tras el acuerdo: "No hemos hecho ningún gesto de presión hacia Maricarmen y tratan de cancelarnos"

Maricarmen podrá volver a su casa en cuanto los médicos se lo permitan. En la reunión mantenida en las últimas horas se ha pactado un nuevo contrato de alquiler con Urbagestión, la empresa que ha adquirido el inmueble.

Estas nuevas condiciones ponen el foco, sobre todo, en el precio del alquiler. El nuevo contrato establece que la renta no superará el 30% de sus ingresos netos durante los próximos ocho años.

Este martes, tras alcanzar dicho pacto, el copropietario de la empresa inmobiliaria Urbagestión ha vuelto a intervenir en 'Espejo Público' por vía telefónica, al igual que hizo el lunes para explicar el procedimiento judicial relacionado con la vivienda de Maricarmen.

Ahora, Alonso explica que se calcula que Maricarmen pagará unos 500 euros al mes. No obstante, señala que han firmado un acuerdo que está pendiente de que ella lo convalide, dado que permanece ingresada en el Hospital Gregorio Marañón desde la ejecución del desahucio.

Sobre una mediación anterior para evitar recurrir al desahucio, Alonso asiente y reconoce que "podría haberse gestionado de otra manera". Sin embargo, considera que se trata de una situación "compleja" porque la sentencia adquirió firmeza en 2023, cuando el Tribunal Supremo ratificó la dictada por la Audiencia Provincial de Madrid, que establecía que el contrato había perdido su validez.

"No había un comportamiento claro y transparente"

"Llevaba prácticamente desde 2007 disfrutando de la vivienda con un contrato sin validez", resume Alonso, quien asegura que la empresa descubrió esta situación tras adquirir el inmueble.

"Desde finales de 2023 nos dimos cuenta de que no había un comportamiento claro y transparente porque había ganado importancia el Sindicato de Inquilinas", explica. Algo que, según asegura, "les generó mucha desconfianza".

En este contexto, expone que ya no se encontraban en una posición tan sencilla para "alcanzar un acuerdo de último minuto", porque, según sostiene, "dejarían vacía la tutela judicial activa". "Hay un marco de derecho aplicable", sentencia.

"No hemos pedido nunca esa cantidad que filtró el Sindicato de Inquilinas"

Ante estas declaraciones, la abogada Cruz Sánchez de Lara niega las palabras de "Maricarmen somos todos" y asegura que existe un respeto a las sentencias judiciales. Sánchez de Lara pregunta entonces por un supuesto ofrecimiento de una cantidad de dinero para que Maricarmen abandonara la vivienda y se trasladara.

Alonso comenta que, tras las propuestas de acuerdo planteadas por la abogada de Maricarmen, se explicó que el precio de la zona del distrito madrileño de Retiro rondaba los 2.500 euros, una cantidad que no era asequible para el perfil de la inquilina. Según relata, ante esta situación, la abogada podría haber solicitado una rebaja de entre el 40% y el 50%. En ese momento, asegura, el Sindicato de Inquilinas filtró la cifra y comenzó la posterior polémica. "No hemos pedido nunca esa cantidad que filtraron en sus redes", aclara.

"Tratan de cancelarnos, es muy evidente"

"No hemos hecho ningún gesto de presión hacia Maricarmen", sostiene sobre estas conversaciones truncadas. Asimismo, añade que el día del lanzamiento sufrieron un ciberataque y que, ante el ofrecimiento de posibles pagadores, no pudieron contestar.

Alonso comenta que, a día de hoy, se encuentran cuantificando los daños ocasionados a Urbagestión. "A nivel empresarial, los daños son inmensos, no solo para la empresa, sino para todo el entorno. Tratan de cancelarnos, es muy evidente", comenta sobre estos ataques, que, según afirma, se han repetido posteriormente.

"El Ayuntamiento de Madrid ha estado muy pendiente y le han ofrecido soluciones", comenta el copropietario de Urbagestión, quien matiza que "Maricarmen volverá a la vivienda tal y como la dejó, porque solo se ha cambiado la cerradura, que quedó dañada durante la entrada, pero sus pertenencias siguen allí".

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