Precio injusto

Piden 1.800 euros al mes por alquilar una buhardilla de 10m² en la que no es posible ponerse de pie

En esta nueva entrega de 'El precio injusto', Vanessa Pámpano denuncia dos abusivas ofertas de alquiler de viviendas en Madrid.

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En esta nueva entrega de la ya habitual sección de 'El precio injusto', Vanessa Pámpano, periodista y colaboradora del programa de Espejo Público, ha investigado en los principales portales inmobiliarios hasta encontrar dos abusivas ofertas de alquiler, esta vez en Madrid.

La primera oferta es la de un ático en el barrio madrileño de Malasaña. Cuenta con 30m² y es una cuarta planta sin ascensor. Además, es interior, por lo que no entra mucha luz natural por ninguna de las ventana. Tiene solo una habitación y un baño.

Es cierto que el piso está en dos alturas, pero quizá el nombre de 'ático' se le queda grande. Todas las estancias de la vivienda se encuentra en la planta baja, y en el piso superior hay una buhardilla -de dudosa regularidad- completamente diáfana.

En la cocina también está el baño y en las fotografías se puede apreciar que el piso está bastante descuidado. Se alquila por 800 euros al mes y piden una fianza de dos meses. Malasaña ya se ha convertido en un habitual de esta sección.

Otra buhardilla en Madrid

La siguiente oferta que se ha analizado es la de una buhardilla ubicada en la Plaza Mayor de Madrid. Es una buena zona, pero el problema es el tamaño. El piso cuenta con 10m² y es perfecto para los amantes del deporte porque es una quinta planta sin ascensor. También se encuentra en dos alturas. La habitación se encuentra arriba, y todo lo demás, abajo. La cocina es un hornillo, nada más.

Por si esto fuera poco, la oferta contiene la siguiente advertencia: "Habitación sin posibilidad de ponerse de pie". Se alquila por 1.800 euros al mes, y no incluye los gastos de fisioterapia derivados de la mala postura que hay que adoptar para moverse por la vivienda.

Esta sección pretende ser una denuncia a los propietarios de las viviendas que se aprovechan de la necesidad de muchas personas para fijar unos precios abusivos y, a la vez, una denuncia a un mercado inmobiliario que los permite.

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