María Martín ya denunció en 2024 el fraude de las pulseras antimaltrato contra la violencia de género: "Pusieron maltratadores en libertad"

La Fiscalía Europea ha anunciado que investiga en las sedes del Ministerio de Igualdad y del Tribunal de Cuentas de España por un presunto fraude en relación a fondos europeos destinados a la adquisición de pulseras telemáticas para controlar el cumplimiento de medidas cautelares y condenas por delitos de violencia de género. A través de un comunicado, detallan que cuentan con el apoyo de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil.

"Estas medidas se han adoptado en una investigación por un presunto delito de fraude que afecta a fondos europeos destinados a la adquisición de pulseras telemáticas para asegurar tanto el cumplimiento de medias cautelares como las condenas dictadas en delitos de violencia de género", precisa el escrito.

María lo denunció en 2024

María Martín, presidenta de la Asociación Feminista Abolicionista La Volaera cuenta que en 2024 tuvo la oportunidad de denunciar este hecho y decírselo a la ministra de Igualdad, Ana Redondo: "Llevamos denunciando esto desde 2024, cuando salta desde la audiencia provincial de Granada que fallaban los protocolos, una asociación nos invitó a participar en un informe que se hizo en 2024. Ahí se dijo que es lo que estaba pasando, ese informe nunca salió a la luz. Después de este percance, ella se encaró conmigo diciendo que era mentira".

María explica que debido a dicho fraude, le impusieron una multa de 25 mil euros a la empresa que llevaba ese tema en el momento. "Eso es lo que valía para el ministerio de Igualdad la tortura a las víctimas de violencia de género".

La presidenta explica que las licitaciones que hicieron fueron pésimas y Susanna comenta que hubo tres licitaciones: "En 2018, 2021 y 2023. Dos de ellas de Irene Montero y la última de Ana Redondo".

Desde 'La Volaera', María cuenta que denunciaron ante la Agencia Española de Protección de Datos la puesta en libertad de maltratadores por la pérdida de datos en el trasvase de una empresa a otra: "Pusimos una demanda en febrero, la aceptaron, pero todavía no nos han respondido".

Por último no ha podido darle una cifra exacta a Gema López sobre cuantas mujeres se han visto afectadas, ya que el dato real y verificable lo tiene el ministerio: "Nosotras presentamos las denuncias de nuestras compañeras y las que no quisieron poner sus datos por miedo, no podemos hacer más".

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