El exfiscal Viada alerta sobre las presuntas maniobras de las cloacas: "Un nombre en una agenda no acredita algo ilícito"

La polémica en torno a Leire Díez y las presuntas maniobras para obtener información confidencial de jueces, fiscales y miembros de la Guardia Civil continúa creciendo. La exmilitante socialista sostiene que la Unidad Central Operativa (UCO) miente, en un caso que vuelve a situar en el foco las supuestas presiones a miembros de la carrera judicial y fiscal.

El asunto se ha abordado este miércoles en Espejo Público, donde se han repasado las últimas novedades sobre las denominadas cloacas y las informaciones relativas a la jueza Beatriz Biedma, que investiga el caso de David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno.

Las agendas de Leire Díez y la aparición de nombres de fiscales

Uno de los aspectos destacados del programa ha sido la información sobre una agenda en la que aparecerían nombres de alrededor de un tercio de los fiscales de la Audiencia Nacional. La hipótesis que se analiza es que se habría intentado acceder a información confidencial para actuar sobre procedimientos judiciales que pudieran afectar al PSOE.

Durante su intervención, Salvador Viada, exfiscal del Tribunal Supremo, ha introducido un matiz fundamental: la presencia de un nombre en una agenda no implica, por sí misma, que esa persona haya participado en actividades ilícitas.

"Una cosa es que aparezca tu nombre en una agenda y otra cosa es que se acredite que has hecho algo ilícito, algo impropio", ha explicado Viada en Espejo Público.

El exfiscal considera que esa aparición puede apuntar a que existe algún tipo de conocimiento o contacto, pero insiste en que es necesario verificar los hechos antes de extraer conclusiones. También ha señalado que conoce personalmente a buena parte de los fiscales cuyos nombres habrían aparecido en esas listas.

Viada apunta a una posible politización de la Fiscalía

Más allá de los nombres que figuran en las agendas, Viada ha situado el foco en el contexto institucional en el que se producen estas informaciones. A su juicio, es necesario esclarecer si existieron maniobras destinadas a obstaculizar procedimientos judiciales o presionar a fiscales.

El exfiscal ha defendido que, si se confirman esas actuaciones, la investigación debe determinar no solo la responsabilidad de quienes las ejecutaron, sino también la de quienes pudieran haberlas promovido o permitido desde posiciones de mayor responsabilidad.

En este sentido, ha reclamado que se investigue con cuidado lo ocurrido durante estos años y ha apuntado a la necesidad de esclarecer posibles responsabilidades en la cúpula de la Fiscalía, incluida la Fiscalía General del Estado.

La denuncia de la jueza Beatriz Biedma

El programa también ha abordado la situación de la jueza Beatriz Biedma, que habría denunciado sentirse observada y perseguida. Según la información expuesta en Espejo Público, la magistrada habría relatado un episodio ocurrido cuando viajaba en su vehículo particular junto a sus dos hijas menores de edad, durante el que un coche se habría situado en paralelo al suyo.

La persona señalada habría negado los hechos y alegado que se encontraba a cientos de kilómetros de Badajoz ese día. El programa también ha mostrado referencias a una sentencia por malos tratos que afectó al exmagistrado mencionado en la información.

Las circunstancias de estos episodios y su posible relación con las investigaciones en curso deberán esclarecerse en el marco de las actuaciones judiciales correspondientes.

El juez Pedraz reclama pruebas

Durante el debate, los colaboradores han recordado que el juez Santiago Pedraz está reclamando pruebas y diligencias relacionadas con los hechos investigados.

Viada ha insistido en que resulta necesario comprobar las informaciones, delimitar las responsabilidades y evitar que la mera aparición de nombres se convierta en una atribución automática de conductas delictivas.

La investigación deberá determinar qué hechos pueden acreditarse, quiénes participaron en ellos y si existieron presiones o actuaciones dirigidas a interferir en procedimientos judiciales.

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