Las seis aseguradoras de la clínica en la que se practicó una rinoplastia a Antonio Meño de la que salió en coma vigil por una presunta negligencia médica se han negado a pagar 1,6 millones de euros a la familia al considerar que la anulación del procedimiento por parte del Tribunal Supremo supone "un fraude procesal".
Acompañados por su abogado, los padres de Meño han acudido con su hijo postrado en una camilla a los Juzgados de Instrucción de Madrid. Antes de que se iniciara la audiencia, su madre, Juana Ortega, ha manifestado a los periodistas congregados que no tenían esperanza en que se alcanzara un acuerdo, puesto que este episodio es "uno más desde hace 22 años".
Durante el acto de compensación, el letrado de la familia ha puesto sobre la mesa la cantidad de 1,6 millones de euros, la misma que han pedido durante todo el procedimiento judicial. Sin embrago, las seis demandadas se han negado a pagar dicha compensación, alegando que se trata de un fraude procesal. No obstante, el abogado ha avanzado que la próxima semana volverán a reunirse para tratar de fijar otra cantidad. "Ellos quieren pactar", ha recalcado a la salida de los Juzgados de Instrucción.
'Actitud vergonzosa'
Tras concluir el acto, los padres han manifestado su profundo malestar con la posición tomada por las aseguradoras y han tachado de "vergonzosa" su actitud.
"Fue culpa de ellos porque le dejaron sin oxígeno", ha denunciado el padre de Meño, quien ha amenazado con acampar frente a la casa del anestesista que atendió a su hijo. Juana Ortega incluso ha asegurado que el anestesista es peor que los nazis de los campos de exterminio. "Voy a luchar y, si tenemos que ir a juicio, iremos", ha recalcado.
El acto se ha celebrado después de que el pasado 17 de noviembre el Tribunal Supremo acordara estimar la demanda interpuesta contra las sentencias dictadas en el periplo judicial de la familia, que resultó condenada por el Alto Tribunal a pagar 400.000 euros en costas procesales en la vía civil.
El Alto Tribunal acordó el pasado noviembre anular las sentencias dictadas tanto en Primera como en Segunda Instancia y devolver las actuaciones para que las partes decidieran si repetir el proceso. Ante la aparición de un nuevo testigo en la operación, concluyó que hubo "maquinación fraudulenta" en el proceso.
El nuevo testigo era un médico que el 3 de julio de 1983, día de la operación, estuvo presente como aprendiz del cirujano y observó cómo el tubo de anestesia se desconectó, sin que el anestesista estuviera en la sala.
El Juzgado de Primera Instancia número once de Madrid condenó al anestesista de la intervención a indemnizar con un millón de euros a la familia, pero la Audiencia Provincial de Madrid revocó en apelación esta sentencia. La familia llevó el caso al Supremo, que les condenó a pagar 400.000 euros en costas procesales.
