La presidenta de la Fundación de Víctimas del Terrorismo, Mari Mar Blanco, y la de la Asociación Víctimas del Terrorismo (AVT), Ángeles Pedraza, se han reunido con los ministros de Justicia e Interior para anaizar la nueva situación tras la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) que ha tumbado la doctrina Parot. Tras el encuentro, Blanco ha considerado un "disparate" jurídico y político la resolución.
En este punto, han celebrado que la sentencia no sea "generalizada" y cada preso que quiera acogerse a ella deba presentar su recurso uno a uno. Así, han pedido "altura de miras" a la Audiencia Nacional para evitar una salida masiva de presos. "No podemos ver un autobús de salida de presos", ha dejado claro Pedraza.
Mari Mar Blanco, ha denunciado, además, que la nueva situación es "el coste del mal llamado proceso de paz" puesto en marcha durante el mandato de José Luis Rodríguez Zapatero. La hermana del concejal del PP Miguel Angel Blanco asesinado por ETA en 1997 ha arremetido contra la negociación con ETA emprendida por el Ejecutivo socialista y ha asegurado que la derogación de la 'doctrina Parot' estaba en la "hoja de ruta" de ese proceso de paz.
En este marco, tanto Blanco como Pedraza han coincidido en que el magistrado español en el TEDH, José Luis López Guerra, "ha cumplido perfectamente su papel". López Guerra fue secretario de Estado de Justicia entre 2004 y 2007 y ha votado a favor de la derogación de la 'doctrina Parot' en Estrasburgo.
Ambas han trasladado a los ministros de Interior y Justicia su malestar por la presencia del ex secretario de Estado en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, pero el Gobierno les ha trasladado que no es posible su relevo porque aún le queda "un año y medio" de mandato. "Yo ya sólo espero que a partir de hoy, él y todos los que han participado en esta decisión no puedan dormir tranquilos. Han hecho tanto daño que no lo pagarán en toda su vida", ha afirmado Pedraza.
Mientras, la presidenta de la AVT ha trasladado a los ministros su petición de que el Gobierno no acate la sentencia, pero los miembros del Ejecutivo le han transmitido que los pasos a seguir están ahora en manos de la Audiencia Nacional. Lo que sí depende del Gobierno es la "agilización" de la implantación de la prisión permanente revisable, algo que Gallardón ha asegurado que se hará.
Según han reconocido, en el encuentro no han abordado la posibilidad de "ingeniería jurídica", como Fernández Díaz llamó a los mecanismos para dilatar su aplicación, pero sí han insistido en que, dentro del marco legal existente, se evite una salida masiva de presos. Además, el Gobierno les ha asegurado que ya existen órdenes para actuar contra cualquier caso de enaltecimiento del terrorismo que pudiera darse, aunque han advertido que estarán "vigilantes" para que todas estas acciones sean prohibidas y recurridas.
