Tribunales
El juez suspende la causa contra el fiscal general del Estado hasta saber si el Supremo avala su procesamiento
Las acusaciones piden hasta seis años de cárcel para Álvaro García Ortiz mientras que la defensa solicita el archivo por falta de indicios.
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El magistrado Ángel Hurtado ha suspendido las actuaciones en la causa contra el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, hasta que la Sala resuelva los recursos de apelación contra el procesamiento que acordó contra el jefe del Ministerio Público y la fiscal provincial de Madrid, Pilar Rodríguez.
Hurtado ha dictado un auto en el que acepta la petición de Rodríguez y explica que, aunque la ley no lo contempla, por razones de prudencia procede acordar la suspensión para evitar los problemas que pudieran presentarse de no paralizar el curso del procedimiento.
García Ortiz y Rodríguez presentaron sendos recursos de apelación ante la Sala de lo Penal contra la decisión del magistrado de procesarles por un delito de revelación de secretos, renunciando de esta forma a acudir previamente en reforma ante el juez.
La decisión del magistrado supone que esperará a conocer el fallo de la Sala antes de dar cualquier otro paso en la causa, es decir, no va a dictar un auto de apertura de juicio oral sin conocer antes si los magistrados de la Sala de lo Penal avalan o no el procesamiento.
Filtración del correo
El auto de hoy llega semanas después de que el propio magistrado haya concluido que el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, filtró el correo electrónico relativo a Alberto González Amador, pareja de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, por "indicaciones" del Gobierno y que desde la Fiscalía General del Estado que dirige se envió el correo electrónico clave a la entonces asesora de Moncloa y actual 'número dos' del PSOE de Madrid, Pilar Sánchez Acera.
En el auto del pasado día 9 de junio, Hurtado acuerda el procesamiento de Álvaro García Ortiz por un delito de revelación de secretos, sosteniendo que Sánchez Acera reenvió dicho 'email' el 14 de marzo de 2024 al entonces líder de los socialistas madrileños, Juan Lobato, después de que se lo hicieran llegar desde la Fiscalía General del Estado para usarlo contra Díaz Ayuso en la Asamblea de Madrid. "Ahora podemos resumir, que, si Pilar Sánchez Acera reenvía el correo de 2 de febrero de 2024 a las 8:29 horas del día 14 a Juan Lobato, y a las 8:30 le remite otro mensaje advirtiéndole ten 'cuidado con los datos personales', permite confirmar que, efectivamente, en ese momento no había trascendido a los medios, de ahí que su procedencia, cuando llegó a manos de aquélla, tuvo que ser de la Fiscalía General del Estado, porque hasta las 9:06 no apareció en 'El Plural', pero ya con los datos personales tapados, para hacer uso de él en la Asamblea", señalaba el magistrado.
Así, Hurtado destacaba que desde la Fiscalía General, "y antes de que hubiera tenido difusión por otros medios", se envió copia del 'email' a la entonces asesora de Moncloa. Y subraya que dicho cargo de Presidencia "hizo uso de él, dando instrucciones a Juan Lobato" para que "lo exhibiese en su intervención en la sesión del día 14 de la Asamblea de la Comunidad de Madrid, en contra de la presidenta de la Comunidad".
En el marco de la resolución, el magistrado también sostiene que el fiscal general, "a raíz de indicaciones recibidas de Presidencia del Gobierno, y aprovechando información publicada en el diario 'El Mundo', a las 21:29 horas del día 13 de marzo de 2024, titulada 'La Fiscalía ofrece a la pareja de Ayuso un pacto para que admita dos delitos fiscales'", "entró en una dinámica de un frenético intercambio de comunicaciones entre distintos fiscales, para preparar una respuesta, y dejar bien claro que, a juicio del investigado, la Fiscalía no había ofrecido ningún pacto".
Como conclusión, el magistrado considera en este auto que García Ortiz actuó de tal manera "con la finalidad de ganar el relato a esa información por parte de la Fiscalía, sobre una cuestión de tan escasa relevancia como de quién había surgido la iniciativa para llegar a un acuerdo en un pacto de conformidad penal".
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