Bruselas pone en duda que la amnistía responda al interés público al ser un "acuerdo político para lograr la investidura"

La Comisión Europea ha puesto en duda ante el TJUE (Gran Sala del Tribunal de Justicia de la UE) que la amnistía responda a un objetivo de interés público al tratarse de "parte de un acuerdo político para lograr la investidura del Gobierno de España".

Bruselas señala que las "autoamnistías" para blindar al "poder político" son "contrarias al principio del Estado de Derecho" y que su urgente tramitación ha "ahondado la división profunda" de la clase política, las instituciones y la sociedad española.

"No parece que la ley responda efectivamente a un objetivo de interés general, dado que es parte de un acuerdo político para lograr la investidura del Gobierno de España. Además, las autoridades españolas no atendieron las recomendaciones de la Comisión de Venecia de que se tomara el tiempo necesario para realizar un diálogo significativo con el fin de lograr el objetivo invocado de la reconciliación", ha explicado Carlos Urraca, representante legal de la Comisión Europea.

Además, el abogado añade que el principio de proporcionalidad exige que la amnistía sea un "medio adecuado para alcanzar, en última instancia, un objetivo legítimo", recordando que corresponde al Tribunal de Cuentas determinar si las "limitaciones" cumplen con los requisitos.

La explicación del abogado de la Comisión Europea

El abogado de la Comisión Europea ha reiterado en la vista algunos de los argumentos que ya habían dado conocer los servicios jurídicos de la Comisión en un informe. Según el letrado, "no parece que la Ley de amnistía responda efectivamente a un objetivo de interés general porque es un acuerdo político para lograr la investidura del gobierno de España".

Además, el abogado comunitario cree que el Gobierno de Sánchez no ha seguido las recomendaciones de la Comisión de Venecia, que pedían que "se tomara el tiempo necesario para realizar un diálogo significativo, con un espíritu de cooperación leal entre las instituciones estatales, así como entre la mayoría y la oposición, con el fin de lograr la invocada reconciliación social y política". De hecho, añade: "la amnistía ha ahondado una división profunda y virulenta en la clase política, en las instituciones, en el mundo judicial, en el mundo académico y en la sociedad española".

Por su parte, el abogado de Sociedad Civil Catalana, que ejerce de acusación popular, ha sido muy duro: "La amnistía ha provocado una fractura política sin precedentes. Se trata de una autoamnistía encubierta, porque la otorgan los beneficiados. Es una ley hecha a medida para los que promovieron los actos delictivos y solo para beneficiar a aquellos que la votaron".

Sin embargo, Gonzalo Boye, abogado de Puigdemont -entre otros-, ha defendido la legalidad de la Ley de Amnistía. "Es una ley aprobada por una mayoría libremente elegida, con el objetivo de pacificar un conflicto y reparar a sus víctimas. No se han borrado delitos, se han superado fracturas..." Además niega que se haya visto afectado el interés financiero de la Unión Europea: "No se ha comprometido ni un euro de dinero público, tampoco europeo".

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