El Gobierno portugués ha advertido de que la decisión del Tribunal Constitucional luso de anular varias de las medidas de ajuste aprobadas en sus Presupuestos para 2013 coloca en riesgo al país y su "credibilidad externa".
El primer ministro conservador, Pedro Passos Coelho, ha decidido, además, solicitar una reunión "de urgencia" con el jefe de Estado, Aníbal Cavaco Silva -que pidió el dictamen del tribunal- para obtener "una rápida clarificación del Estado sobre relevantes aspectos puestos en causa por la sentencia".
Después de una reunión del Consejo de Ministros que se ha prolongado más de tres horas, el secretario de Estado Luís Marques Guedes, ha anunciado, en una declaración sin derecho a preguntas, que el Ejecutivo no está de acuerdo pero "acata" la decisión del Constitucional, aunque ha recalcado que tendrá consecuencias negativas.
El portavoz del Ejecutivo ha subrayado que, además de los efectos en los presupuestos de 2013 -en los que supone unos mil millones de euros- la sentencia cuestiona la credibilidad "conquistada por el esfuerzo de los portugueses" ante sus socios y acreedores internacionales. En su opinión, la sentencia perjudica los esfuerzos de Portugal para lograr en la reunión que los ministros de Economía y Finanzas europeos celebran la próxima semana en Dublín el apoyo de sus socios para alargar el plazo de los préstamos concedidos al país, algo por el que el Gobierno "tanto ha luchado".
Ese aplazamiento, ha dicho Marques Guedes, es "esencial" en la estrategia de Portugal para cerrar con éxito el programa de asistencia financiera en 2014, tal y como estaba previsto en el rescate financiero que el país pidió hace ahor dos años. El secretario de Estado ha defendido, asimismo, que el Constitucional "no tuvo en cuenta el esfuerzo realizado por el Gobierno para hacer más equitativa la contribución de los trabajadores del sector público y del privado".
Tras analizar durante tres meses los presupuestos de este año -a petición del conservador Cavaco, los partidos de izquierda y el Defensor del Pueblo-, el Tribunal Constitucional anuló cuatro de las medidas de austeridad del Gobierno. Los ajustes invalidados afectan a la suspensión de una de las dos pagas extras anuales a funcionarios y pensionistas, así como al recorte de los subsidios de desempleo (6 %) y enfermedad (5 %).
Los cerca de mil millones de euros que ahorraban al Estado esos recortes crean ahora un "agujero" presupuestario que dificultará a Portugal los objetivos de reducción del déficit público, que debe situar en 2013 en el 5,5 % del PIB, nueve décimas menos que el registrado en 2012.
Cavaco, antiguo líder del Partido Social Demócrata (centroderecha) de Passos Coelho, manifestó públicamente sus dudas sobre la legalidad de algunas de las medidas de austeridad del presupuesto de 2013. No obstante lo autorizó en diciembre con el argumento de no retrasar su entrada en vigor debido a "las extremadamente negativas consecuencias" que ello podía acarrear para la economía del país.
El mismo Tribunal Constitucional ya declaró ilegales algunos de los recortes incluidos en los presupuestos lusos de 2012, referidos también a la supresión de pagas extras a los funcionarios, aunque entonces permitió su aplicación durante ese año. Para compensar esa pérdida de ingresos estatales, el Ejecutivo optó por devolver una de las dos pagas y gravar con un impuesto equivalente a los empleados del sector privado, medida que está en vigor desde el 1 de enero de 2013.
Portugal atraviesa la peor crisis económica de su historia reciente, con una recesión superior al 5 % entre 2011 y 2012 y una tasa de paro que ya supera el 17 %. Además, el país se encuentra ahora en un contexto de fuerte división política, y todos los partidos de la oposición reclaman ya la convocatoria de elecciones anticipadas cuando todavía no se ha llegado a mitad de legislatura.
