La Casa del Rey se ha ido apartando progresivamente de la infanta Cristina en estos tres años en los que el 'caso Nóos', que investiga los negocios presuntamente irregulares que emprendió el duque de Palma ha supuesto un "martirio" para la institución, en palabras del anterior jefe de la Casa, Rafael Spottorno.
La primera consecuencia del estallido del 'caso Nóos' fue la desaparición de los duques de Palma de los actos oficiales de la Familia Real. Oficialmente solo se anunció que Urdangarin quedaba apartado por su comportamiento "no ejemplar", como dijo en diciembre de 2011 el entonces jefe de la Casa del Rey, Rafael Spottorno, afectado hoy por el escándalo de las 'tarjetas black' de Cajamadrid.
Pero desde ese mismo momento, la Infanta Cristina también quedó apartada de facto de los actos oficiales de la Familia Real, si bien se dejó ver con su familia cada vez que su padre fue ingresado en el hospital para sus últimas operaciones.
Distinto trato a Iñaki Urdangarin y a la Infanta
El goteo de revelaciones en la prensa relacionadas con los negocios del duque obligaron a Zarzuela a borrar a Urdangarin de la web oficial de la Casa Real, en un nuevo paso por marcar distancias con él. Su mujer, en cambio, mantuvo su presencia en la página web hasta la proclamación de su hermano como nuevo monarca.
Mientras Don Juan Carlos se mantuvo al frente de la Corona, a lo largo de toda la investigación del caso Nóos Zarzuela marcó diferencias claras entre Urdangarin y la Infanta. Si al primero lo fue desvinculando poco a poco de la institución, cerró filas en torno a la Infanta Cristina.
Y lo hizo porque Don Juan Carlos se implicó en su defensa, y consensuó con su hija la elección de sus abogados, el exsecretario general de Convergencia Democrática de Cataluña (CDC) Miguel Roca, amigo del monarca desde los tiempos de la Transición y ponente de la Constitución, a quien apoya el abogado penalista Jesús María Silva.
La primera reacción de Zarzuela fue apoyar el recurso del fiscal
Este cierre de filas en torno a la Infanta quedó patente en abril de 2013, cuando la Casa Real reaccionó de forma bastante inusual tras conocer la decisión del juez Castro de citar a declarar a la Infanta Cristina como imputada por vez primera.
A través de una declaración leída por un portavoz de la institución a las agencias de noticias, Zarzuela expresó su "sorpresa" por el "cambio de posición" del juez José Castro --que en un auto anterior había rechazado imputar a la Infanta-- manifestó su "absoluta conformidad" con la decisión de la Fiscalía Anticorrupción de recurrir el auto y reconoció su malestar por haber conocido la noticia a través de los medios de comunicación.
La llegada al trono de Felipe VI supuso, además de la salida de la Infanta Cristina --al igual que la Infanta Elena- de la Familia Real, un cambio en la reacción de la institución respecto del 'caso Nóos'.
Cuando el juez José Castro decidió el 25 de junio pasado mantener la imputación contra la Infanta por presunto blanqueo de capitales y como cooperadora necesaria de dos delitos fiscales supuestamente cometidos por su marido, Iñaki Urdangarin, la Casa del Rey --dirigida por Felipe VI-- expresó su "pleno respeto a la independencia del poder judicial".
El Rey Felipe VI ha preferido mostrar "respeto a las decisiones judiciales
Era la primera vez que la Casa del Rey se refirió a la "independencia" del poder judicial en una reacción oficial a la actuación del magistrado José Castro.
Hasta en tres ocasiones Castro decidió llamar a declarar a la Infanta Cristina del juez Castro desde que el magistrado amplió su radio de acción hasta alcanzar a la Infanta.
En abril de 2013, cuando Castro decidió llamar a declarar a la Infanta Cristina en calidad de imputada por presunta complicidad con su esposo, Zarzuela expresó su "sorpresa" y se quejó de haberse enterado por los medios de comunicación de la decisión. Eso sí, no olvidó manifestar su "máximo respeto" por las decisiones de los jueces.
Meses después, en enero de este año, la Casa del Rey tuvo una reacción más comedida y se limitó a expresar su "respeto a las decisiones judiciales" cuando el juez Castro imputó a la Infanta Cristina por un presunto delito fiscal y de blanqueo de capitales.
