El debate sobre la vivienda enfrenta en 'Espejo Público' dos modelos: más protección al inquilino o más seguridad para el propietario

El debate sobre la vivienda ha vuelto a ocupar buena parte de la mesa de Espejo Público, donde Susanna Griso ha planteado las consecuencias de las medidas que prepara el Gobierno y el impacto que pueden tener sobre el mercado del alquiler. La discusión ha enfrentado dos visiones: quienes defienden una mayor intervención pública para garantizar el derecho a la vivienda y quienes advierten de que algunas de las medidas pueden reducir la oferta y aumentar la inseguridad jurídica.

Uno de los protagonistas del debate ha sido Javier Medina, propietario de 11 viviendas, que ha explicado cómo comenzó su trayectoria como inversor inmobiliario. Según ha relatado, a los 23 años utilizó sus primeros 3.500 euros de ahorros y recurrió a préstamos para comprar su primera vivienda.

"Con 3.500 y dos préstamos personales, compro esta primera vivienda que la pongo en alquiler", ha explicado. A partir de ahí, asegura que fue reinvirtiendo los ingresos y utilizando nuevas hipotecas hasta alcanzar "seis hipotecas y 11 viviendas a disposición de familias", de las que diez, están destinadas al alquiler de larga estancia y una al alquiler habitacional.

"Es una inseguridad jurídica completa"

Medina se ha mostrado muy crítico con los nuevos planteamientos del Gobierno y ha advertido de las consecuencias que, a su juicio, pueden tener sobre los propietarios y los inversores: "¿Cómo voy ahora a alquilar a alguien si me van a decir que ese contrato probablemente se pueda renovar hasta 2029, 2030, lo que ellos decidan?", ha planteado.

El propietario también ha puesto el foco en los impagos y en la suspensión de los desahucios: "Si me impaga, el Gobierno se hace responsable, lo asumo yo", ha afirmado, antes de insistir en que el propietario tendría que asumir los costes derivados de un inquilino que deja de pagar.

Para Medina, el problema trasciende a los pequeños propietarios y puede afectar también a la inversión extranjera. "No solo la gente de España, sino inversores extranjeros, otros países están viendo a España como un ridículo", ha asegurado.

En su opinión, la incertidumbre afecta incluso a contratos ya firmados: "Ahora el Gobierno viene y me dice que pueden modificar no solo las condiciones de subida de precios de alquiler que había pactado ya con el inquilino, sino la propia duración del contrato".

"No es un especulador y además me parece un modelo ideal"

La intervención de Medina ha recibido una respuesta diferente por parte de Chema Crespo, director general de 'Público.es', que ha comenzado reconociendo el éxito de su modelo: "Me alegro del éxito que ha tenido", ha señalado Crespo, siempre que los alquileres que ofrece sean "razonables y asumibles". Sin embargo, ha introducido una diferencia fundamental: "En este país vivimos millones de personas y hay demasiada gente que sencillamente no ha podido hacer lo que tú haces".

A su juicio, el hecho de que muchas personas no puedan invertir en vivienda no responde necesariamente a una falta de voluntad, sino a sus condiciones económicas: "Sus medios materiales o el salario que perciben jamás le ha permitido hacer una inversión mínima".

Crespo ha defendido además que Medina no encaja en el perfil del especulador. "Siendo esas las cifras que él traslada, claro que no es un especulador y además me parece un modelo ideal", ha afirmado.

Para el periodista, una de las principales carencias del mercado español se encuentra en la promoción pública de vivienda: "La pata que no ha funcionado es la de la promoción pública de viviendas", ha señalado, apostando especialmente por "promoción pública de viviendas en régimen de alquiler asequible".

Elisa Beni cuestiona que se hable de vivienda sin hablar de suelo

La periodista Elisa Beni ha llevado el debate hacia el artículo 47 de la Constitución y, especialmente, hacia la necesidad de incrementar la construcción de vivienda: "Todo esto está basado en una gran demagogia", ha afirmado. Beni ha recordado que el artículo 47 no se limita a establecer que todos los españoles tienen derecho a una vivienda, sino que también atribuye a los poderes públicos la obligación de promover las condiciones para que ese derecho se cumpla.

"Los poderes públicos promoverán", ha recalcado, antes de señalar que el propio artículo también habla de "regular la utilización del suelo de acuerdo con el interés general".

La periodista ha planteado así una pregunta que considera central en el debate: "¿Dónde está el suelo? ¿Por qué no se habla en ninguna de estas protestas de construir? ¿Por qué no se habla en ninguna de estas propuestas de liberar suelo?".

A su juicio, el debate no debería centrarse exclusivamente en la propiedad privada: "Exclusivamente de toda la panoplia de soluciones que hay, en lugar de integrar las soluciones sólo se busca una", ha criticado.

"¿Existe suelo en España? De sobra"

En una línea similar, el empresario Víctor Sánchez del Real ha planteado su propio "test del algodón" para evaluar las políticas de vivienda: "A los políticos se les mide por las fotos", ha afirmado, preguntando cuántas imágenes de dirigentes inaugurando promociones o poniendo primeras piedras se han visto durante los últimos 20 años.

Sánchez del Real ha situado el problema en la disponibilidad y liberalización del suelo. "¿Por qué no se liberaliza el suelo? Porque esto es el gran melón que nunca se habla", ha señalado.

"¿Existe suelo en España? De sobra", ha insistido, antes de defender una mayor disponibilidad de terrenos para facilitar la construcción de viviendas.

Sumar defiende indemnizar al propietario si no renueva el alquiler

Durante el programa también se han abordado las propuestas de Sumar sobre la renovación de los contratos. Susanna Griso ha introducido unas declaraciones de la portavoz de Sumar en el Congreso, Verónica Barbero, sobre la posibilidad de establecer una indemnización de hasta 12 mensualidades cuando un propietario decida no renovar un alquiler.

"Cuando una persona quiere a alguien echarla de su vivienda, de su casa, o hay una causa justificada o hay que indemnizarla", ha defendido Barbero.

La portavoz ha sostenido que la medida no pretende perjudicar a los propietarios, sino proteger un derecho constitucional: "Esta norma no va en contra de nadie, va a favor de un derecho que está reconocido en nuestra Constitución".

Marhuenda critica el enfoque del Gobierno

El periodista Paco Marhuenda ha respondido con dureza a esta argumentación y ha cuestionado la interpretación del derecho a la vivienda: "A mí, sabes qué ocurre, tanta ignorancia me abruma, ya me agobia", ha comenzado, para después diferenciar entre un principio rector de la política social y económica y un derecho directamente exigible ante los tribunales.

Marhuenda ha considerado que en materia de vivienda se están contraponiendo "dos modelos" y ha acusado al Gobierno de haber ido "radicalizando" sus posiciones: "En esto de la vivienda, que es un tema muy importante, muy trascendente, lo han hecho mal", ha sentenciado.

El periodista también ha defendido que existe suelo suficiente para desarrollar nuevas promociones y ha señalado al patrimonio inmobiliario de las administraciones: "En España hay terrenos, lo que hay, pero terrenos para aburrir", ha afirmado, mencionando específicamente al Ministerio de Defensa.

"Los inversores no son tontos"

La comparación con Portugal ha provocado una nueva intervención de Javier Medina, que ha valorado positivamente que el Estado asuma directamente determinados costes. Medina ha criticado que los costes de determinadas políticas recaigan sobre los propietarios: "Es muy bonito actuar con el dinero de los demás".

El propietario ha advertido de nuevo sobre la posible reacción de los inversores: "Los inversores no son tontos". En su opinión, si las condiciones cambian de forma sustancial, podrían decidir invertir en otros mercados. "Portugal está muy cerca", ha advertido.

Viena, el otro modelo que entra en escena

El segundo gran ejemplo analizado en el programa ha sido Viena, después de que Susanna Griso recordara que es una referencia habitual cuando se habla de vivienda asequible.

"El 60% de los habitantes viven en una vivienda municipal o subvencionada", ha explicado la presentadora al referirse al modelo vienés.

Griso ha planteado que podría ser "ideal" buscar un modelo de este tipo a largo plazo, aunque ha subrayado una diferencia esencial: "Esas viviendas subvencionadas las paga el Gobierno, en este caso la Alcaldía de Viena, no la pagan los propietarios".

La cuestión que ha puesto sobre la mesa es si se está intentando trasladar "el modelo público al sector privado". Chema Crespo ha coincidido en la importancia de la intervención pública. "Esos modelos con la incidencia del sector público son los que se pueden echar de menos", ha defendido.

El periodista ha reivindicado además "la función social de la propiedad" y, especialmente, de la vivienda, pero ha rechazado que la intervención pública tenga necesariamente que significar un ataque al mercado.

"¿Eso significa atentar contra el mercado? No, en absoluto", ha afirmado.

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