Sentencia Fiscal General
Hablan dos juristas, sobre la sentencia al fiscal general: Del "no había secreto que revelar" al "cabía una condena mayor"
Un magistrado progresista y un fiscal que ha sido acusación particular contra el Fiscal General analizan la sentencia.

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La pregunta a José Antonio Martín Pallín, magistrado emérito del Tribunal Supremo, es directa. ¿Sigue pensando que este proceso es un golpe de Estado? La respuesta no es tan directa, aunque puede inferirse su opinión. “Le recomiendo la lectura de un libro de Curzio Malaparte que se llama ‘La técnica del golpe de estado’ y le podrá explicar cómo son los golpes de estado modernos y cómo se llega a desestabilizar a un gobierno”, responde el magistrado, habitualmente crítico con el proceso al Fiscal General.
Diferente es la opinión de Salvador Viada, exfiscal y portavoz de la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales. "Con lo que hay en la sentencia puede imponerse una condena mayor pero lo importante es acreditar que se ha producido un delito. Es un hecho insólito que evidencia la necesidad de que cambie la estructura del ministerio fiscal en España, que no se pueda elegir a personas tan vinculadas al Gobierno que dan cauce a que ocurran estas cosas", señala Viada, cuya asociación ha sido acusación particular en el juicio contra Álvaro García Ortiz. Viada descarta recurrir la sentencia en busca de una condena mayor. Su asociación reclamaba seis años de prisión para el ya ex Fiscal General. La condena final ha sido de dos años de inhabilitación para ocupar ese cargo.
"La conformidad no es un secreto"
Martín Pallín critica la sentencia y considera que falla en su base. En su opinión, no había ningún secreto que revelar. "Hay que partir de que la conformidad no es un secreto y que la conformidad no contiene datos personales. En la conformidad se hace una manifestación de voluntad por parte de la persona a la que se imputa un delito, sin que nadie le ponga una pistola al pecho, en el que le dicen que no hay nada que hacer y que tienen que ir a una conformidad; aquí no hay ningún secreto de ninguna clase. Es una decisión que se toma y yo, como fiscal, ha asistido a juicios en el que en el último minuto quien había aceptado una conformidad se arrepiente y hay que empezar de nuevo”.
“Le han aplicado el artículo 417, aunque el fiscal no pertenece a las administraciones públicas, -añade el magistrado emérito del Tribunal Supremo-. Y ahí no aparece por ningún lado los datos reservados, habla de secretos e informaciones. Luego los magistrados han manipulado el artículo 417. El dato personal que hay es su cargo dentro de la empresa. Está en el registro mercantil. Los datos reservados son relativos a ideología, religión, creencias, identidad sexual, enfermedad, pero la conformidad no es un dato reservado. Ahí ya tenemos una posible vulneración del principio de legalidad. Hay muchas más vulneraciones de derechos fundamentales y el que tiene la última palabra en derechos constitucionales es el Tribunal Constitucional."
"La fiscalía ha estado del lado del investigado"
En cambio, Salvador Viada considera acertada la sentencia del Supremo. Para él, las cuestiones previas de nulidad planteadas por las defensas “las resuelve el tribunal con claridad y con un copioso arsenal de jurisprudencia y lo que hace es desestimar las nulidades pedidas por las defensas. Convalidan la actuación del juez instructor", responde. Habla de "defensas" en plural porque destaca que, en este caso, la fiscalía ha actuado como defensa del Fiscal General. "Es un proceso anormal en el sentido de que la fiscalía toma una posición siempre en defensa del investigado, esto no es normal. La fiscalía debe barajar las pruebas para ver si acusa o no. Aquí la fiscalía desde el primer momento se coloca del lado del investigado. Cuando dicen que es un proceso desequilibrado, que ha tenido (el tribunal) una idea preconcebida..., la fiscalía sí la ha tenido, el Ministerio Fiscal tenía una idea preconcebida, desde el principio, porque se enfrentaba con la responsabilidad de su jefe. Y el jefe se sentó en el estrado mirando desde allí arriba a los fiscales que declaraban como testigos y esos fiscales desde abajo pensaban: 'como no le guste a este y siga después, estoy absolutamente muerto'. Eso es intolerable”, añade Viada.
Martín Pallín considera "elemental" la crítica de que la sentencia vulnera la presunción de inocencia y eleva conjeturas a rango de certeza. Y concluye con una crítica a Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, y a su entorno. Su pareja, Alberto González Amador, ha sido acusación particular contra el Fiscal General. "Alguien debió informar mal al señor Miguel Ángel Rodríguez (jefe de gabinete de Díaz Ayuso) y a Díaz Ayuso, que dicen que el Gobierno ha utilizado la Fiscalía y la señora Ayuso ha utilizado su gabinete de prensa" en este caso que afecta a su pareja. Salvador Viada, en cambio, considera que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, debería pedir perdón por la condena al Fiscal General.
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