Las razones del Supremo para condenar a García Ortiz: "No se puede responder a una noticia falsa mediante la comisión de un delito"

El Tribunal Supremo ha hecho pública este martes la sentencia que confirma la condena contra el que fuera el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por la filtración de datos privados del novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. La resolución, que llega casi tres semanas después del fallo, señala que el fiscal general fue el origen tanto de la filtración del correo electrónico como de la nota de prensa que también difundió información privada.

Una de las principales dudas era si el Supremo atribuiría directamente a García Ortiz la responsabilidad de la filtración y si consideraría delictiva la publicación de la nota de prensa. Según la sentencia, "el correo tuvo que salir de la Fiscalía General". El tribunal sostiene que las pruebas llevan a "afirmar que, como hecho probado, fue el acusado, o una persona de su entorno inmediato y con su conocimiento, quien lo entregó".

Además, los magistrados consideran que la nota de prensa forma parte del mismo delito, recordando que "no se puede responder a una noticia falsa mediante la comisión de un delito, como divulgar un escrito de reconocimiento". Y añaden que el deber de confidencialidad del fiscal general no desaparece por el hecho de que una información ya sea pública. La sentencia entiende que esa nota "oficializa" la filtración iniciada con el correo y cita expresamente que "no eran necesarios los correos para negar públicamente que hubiera dado órdenes".

En el juicio, el propio García Ortiz explicó su actuación: "Lo que decidimos es que hay que hacer una nota. No podemos quedarnos quietos". Por su parte, la fiscal Lastra confirmó cómo redactó la nota de prensa: "Me lo dictó el fiscal general".

El Supremo incluye en sus sentencia varios ejemplos para ilustrar la infracción del deber de reserva: "El cirujano plástico que ha operado a una celebridad y cuyo cambio físico ha generado debate público nunca podría terciar en la polémica confirmando o desmintiendo la información". Los magistrados también valoraron que el móvil de García Ortiz fue borrado un día después de su imputación.

Reacción Gobierno

La sentencia coincide con algunos argumentos del novio de Ayuso, al considerar que la nota de prensa consolida la filtración, aunque advierte que esto no podrá usarse como prueba en su propio proceso judicial por presunto fraude fiscal.

La reacción del Gobierno no se ha hecho esperar. La ministra portavoz, Pilar Alegría, no ha opinado al no haber podido leerla: "Casi la hemos conocido cuando estábamos bajando las escaleras a la rueda de prensa, y por tanto no hemos tenido tiempo de leerla. Lo prudente y lo sensato es que podamos estudiarla, leerla para hacer una valoración más oportuna".

Sin embargo, el jefe de gabinete de la Presidencia, Óscar López, ha señalado que "parece que el argumento principal es que no tenemos pruebas de que haya sido el fiscal, pero no puede ser otro". Y ha añadido que conoce "muchos guiones de Hollywood con mucha menos creatividad que esa sentencia".

Confianza en García Ortiz

Por su parte, la ministra de Defensa, Margarita Robles, ha reiterado su confianza en la justicia: "Yo creo profundamente en los tribunales de Justicia. Es una sentencia que se tomó por cinco votos frente a dos. Y desde luego, mi confianza plena. Debemos confiar en las instituciones. Si no confiamos en todas las instituciones desde el Gobierno de la nación hacia los tribunales de justicia, la democracia no funciona. Mi confianza en el Tribunal Supremo es total y absoluta".

A pesar de la decisión del alto tribunal, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, sigue manteniendo su apoyo a García Ortiz, y ha arremetido contra Ayuso: "¿Hoy dan lecciones de qué? De una sentencia a un fiscal del Estado que lo único que ha hecho es defender la verdad y la institución de la Fiscalía del Estado. Quien tiene que pedir perdón es la señora Ayuso, y quien tiene que pedir responsabilidad a la señora Ayuso es Feijóo".

Mientras tanto, el fiscal general analiza los pasos a seguir y no descarta solicitar la nulidad de la sentencia ante el propio Supremo antes de acudir al Tribunal Constitucional.

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