El titular del Juzgado de Instrucción Número 8 de Murcia, David Castillejo, ha dictado auto de prisión eludible con fianza para los tres detenidos en Murcia en el marco de la investigación de un presunto caso de corrupción urbanística, por lo que han quedado en libertad a la espera del pago de la fianza.
Para evitar su ingreso en prisión, el ingeniero Renato de Noce deberá pagar -como los demás, antes de las 15 horas del próximo viernes- una fianza de 120.000 euros; el abogado Higinio Pérez Mateos, una de 100.000, y el director de la Gerencia de Urbanismo del Ayuntamiento de Murcia, Alberto Guerra, una de 70.000 euros.
El fiscal Juan Pablo Lozano pidió para el ingeniero prisión sin fianza, y para Pérez Mateos y Guerra, prisión con fianza de 240.000 y 150.000 euros, respectivamente, más elevadas que las impuestas finalmente por el juez.
Dado que el juez Castillejo tiene guardia el jueves, la toma de declaraciones al resto de imputados en esta causa se reanudará el próximo viernes, cuando comparecerán el concejal de Urbanismo de Murcia, Fernando Berberena, y el que fuera jefe de Planeamiento de la Gerencia de Urbanismo de Murcia de 1999 a 2006, Joaquín Peñalver.
Otro de los imputados, Jesús Samper, presidente del club de fútbol Real Murcia y empresario promotor de Nueva Condomina, uno de recientes desarrollos urbanísticos al norte de Murcia cuyo desarrollo se investiga, ha sido citado a declarar el 15 de octubre.
La operación, iniciada hace año y medio a instancias del fiscal superior de la región de Murcia, Manuel López Bernal, que ha pasado esta tarde una media hora en los juzgados, investiga presuntos delitos de malversación de caudales públicos, blanqueo de capitales, cohecho y negociaciones prohibidas a los funcionarios, entre otros.
En el marco de esta investigación, agentes de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil registraron dos despachos de la Gerencia de Urbanismo y el de Samper, así como el domicilio particular del también presidente de Sport Management & Project, una de las empresas firmantes del convenio de Nueva Condomina.
En esta causa también está imputada la jefa del Servicio de la Oficina de Gobierno Local del ayuntamiento de Murcia, María Isabel Fernández.
El alcalde de Murcia, Miguel Ángel Cámara, ha informado de que el edil de Urbanismo sólo estaba imputado por un presunto delito de prevaricación, y de que ha puesto su cargo a disposición de su partido, el PP.
Cámara ha explicado que Berberena le ha comunicado esta decisión por "si en algún momento el partido entiende que su actuación perjudica" al PP, aunque el alcalde se ha declarado convencido de que no tiene ninguna vinculación con el caso que se investiga.
Las investigaciones se centran en el esclarecimiento de presuntos casos de corrupción en operaciones inmobiliarias derivadas de la expansión de la zona norte de la ciudad, donde se impulsaron seis convenios urbanísticos entre 2001 y 2005 que modificaban la calificación del suelo de esta zona.
Con esta modificación, se incrementaba la edificabilidad del área, con lo que, en lugar de las 5.000 viviendas proyectadas en un principio, se daba luz verde a la construcción de alrededor de 25.000.
