El juez Ignacio González Vega, sobre la renuncia de Ábalos a su abogado: "El juez instructor ha considerado que es una táctica defraudatoria"

Ignacio González Vega, miembro de jueces para la democracia, y el portavoz de la plataforma cívica Manuel Ruiz de Lara, analizan en Espejo Público la última estrategia jurídica de José Luis Ábalos en el Tribunal Supremo donde ha renunciado a su abogado. Una estrategia que ha sido rechazada por el juez instructor que le acusa de incurrir en fraude de ley.

González Vega asegura que Ábalos en su condición de investigado tiene derecho a declarar o a no hacerlo. El juez ha considerado que su actuación es una táctica dilatoria y defraudatoria y no admite esa denuncia. "Renuncia el abogado pero lo importante es que él sigue teniendo su derecho a no declarar y lo mantiene intacto".

Por su parte, Manuel Ruiz de Lara se reafirma señalando que el que fuera ministro de transportes, movilidad y agenda urbana se ha acogido a su derecho a no declarar pero, pese a ello, se celebra la comparecencia en todo caso. El magistrado aprecia que con esa táctica de renunciar a su abogado Ábalos podría incurrir en un fraude de ley y una táctica dilatoria. En un principio la vistilla que podría enviarle a prisión se tendría que producir igual.

"Ábalos tendría que designar un abogado de su interés"

Insiste el magistrado González Vega en que se va a ser "una situación inédita y estrambótica". Ábalos no tiene abogado pero no va a impedir que se celebre la comparecencia y en su caso que se acuerde una medida cautelar tan intensa como la privación de libertad. "Si a partir de ahí Ábalos quiere una defensa eficaz tendría que designar un abogado de su interés para defender de la mejor manera sus intereses".

La condición de diputado la pierde solo con sentencia firme, pero Ábalos mantendrá el acta en la cárcel aunque no podrá votar telemáticamente. La única cuestión que se plantea para suspender el cargo de diputado es el procesamiento. Si el juez acuerda una prisión provisional para Ábalos, cuando ha transcurrido cierto tiempo en la investigación hay que tener en cuenta las circunstancias personales para poder decretar la prisión preventiva. "El juez deberá motivar muy profundamente el riesgo de fuga, si tiene o no arraigo, la reiteración delictiva y el riesgo de destrucción de pruebas, que él considera que dado el tiempo que ha pasado no hay posibilidad de que destruya ninguna".

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