JUCIL reclama el cese de Mercedes González tras su imputación: "No puede haber un régimen severo para los guardias civiles y otro indulgente para quien está al mando"

El portavoz de JUCIL, Agustín Domínguez, defendía en Espejo Público que los mismos criterios que se aplican a cualquier agente deberían regir también para los máximos responsables de la Guardia Civil. "Hemos pedido las dimisiones porque no queremos que la Guardia Civil esté dirigida por personas imputadas por actuaciones que presuntamente han afectado a la independencia de sus propias unidades", afirmó.

Domínguez recordó que la normativa interna prevé el apartamiento de los agentes investigados por hechos relacionados con el servicio y denunció un trato desigual entre la base y la cúpula del cuerpo. "Cualquier guardia civil que es investigado por hechos relacionados con el servicio queda apartado. No puede haber un régimen severo para los guardias civiles de base y otro indulgente para quien está al mando", aseguró.

El portavoz de Jucil insistió además en que la institución no debe verse identificada con las actuaciones de sus responsables investigados. "Este tipo de imputaciones a miembros de la cúpula y a la directora general afectan a la imagen de la Guardia Civil, aunque el ciudadano debe separar lo que es la institución de los mandos que están siendo investigados", señaló.

El Gobierno mantiene a Mercedes González

Durante la misma entrevista, el magistrado y portavoz de la Plataforma por la Independencia Judicial, Manuel Ruiz de Lara, cuestionó la decisión del Gobierno de mantener a Mercedes González en el cargo pese a su condición de investigada.

En su opinión, la imputación no responde a una decisión arbitraria del juez, sino a la existencia de indicios suficientes. "No se la imputa por tomar cafés; se la imputa porque hay una serie de indicios racionales de criminalidad", afirmó. Ruiz de Lara subrayó que la presunción de inocencia debe respetarse, pero defendió que la responsabilidad política es distinta de la penal.

"No parece razonable que alguien que es la máxima autoridad dentro de la Guardia Civil siga en el ejercicio de sus funciones mientras está incursa en un procedimiento penal", sostuvo.

El magistrado añadió que mantener en el cargo a una responsable que puede ejercer autoridad sobre unidades vinculadas a la investigación genera una situación incompatible con los principios del Estado de Derecho. "Que siga siendo la máxima responsable y pueda dar instrucciones a sus subordinados o tenga competencias disciplinarias sobre miembros de la Guardia Civil, incluidos algunos de la UCO que la investigan, me parece desde un punto de vista democrático absolutamente intolerable", concluyó.

Respecto a las posibles consecuencias penales, Ruiz de Lara recordó que todavía es pronto para determinar el alcance de una eventual condena, aunque indicó que los delitos que se investigan podrían conllevar "penas de prisión e inhabilitación", en función de cómo quede finalmente concretada la imputación.

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