Un expolicía desacredita al principal testigo en la trama de los prostíbulos

En la sección novena de la Audiencia de Barcelona ha proseguido el macrojuicio contra una veintena de policías, dueños de burdeles y abogados acusados de conformar una trama corrupta que protegía a clubes de alterne, entre ellos los macroprostíbulos "Saratoga" y "Riviera" de Castelldefels, a cambio de dinero y regalos. Tanto el inspector jefe de la Policía Nacional Andrés O., ya retirado cuando se precipitó el caso, como dos dueños y dos encargados del club "Saratoga" han negado hoy ante el tribunal que los agentes recibieran sobornos a cambio de avisar de las redadas que se iban a practicar en los burdeles.

Por el contrario, la declaración de los cinco procesados que han declarado hoy ha ido dirigida a desacreditar al confidente policial Manuel G.C., principal testigo de la acusación que destapó la trama al revelar que él mismo había ejercido de intermediario en el intercambio de regalos entre policías y dueños de burdeles.

Los acusados han apuntado que el confidente policial, durante largo tiempo cliente habitual del club "Saratoga" y amigo de algunos de los policías imputados, los involucró en la trama corrupta después de enemistarse con los dueños del burdel, porque estos le habían llamado la atención por vender cocaína en el local. En su declaración ante la sala, Andrés O. ha negado rotundamente cualquier relación con la trama y ha insistido en que formó parte de la unidad encargada de las redadas de extranjería en Castelldefels solo durante tres o cuatro meses, tras lo que pasó a trabajar para la marca de relojes Festina.

El acusado ha desmentido que en sus conversaciones telefónicas utilizara la palabra "cenas" para avisar de redadas a los responsables de los clubes y ha alegado que el sobre que intercambió con el encargado del "Saratoga", en una entrega documentada por los Mossos d'Esquadra, contenía un reloj "Festina" que él le llevaba, no dinero. El "Saratoga" y el "Riviera", dos de los mayores prostíbulos de Barcelona, permanecen clausurados indefinidamente por orden judicial desde que en 2009 estallara el caso.