Toque de atención del CGPJ al Gobierno a cuenta de la Ley de Vivienda: "Ha de respetar las competencias autonómicas"

El próximo jueves, el Consejo General del Poder Judicial votará el nuevo informe sobre el anteproyecto de Ley por el Derecho a la Vivienda que el Gobierno tenía previsto llevar a Consejo de Ministros la semana pasada y que, finalmente, no pudo. El motivo: 15 de los 20 vocales del CGPJ votaron en contra del informe anterior, favorable a la norma del Ejecutivo. Este informe no es vinculante, pero sí preceptivo; es decir, Moncloa tiene que esperar a que el poder judicial apruebe su postura, aunque finalmente no la tenga en cuenta.

El nuevo informe, elaborado por los ponentes Enrique Lucas y José Antonio Ballesteros (magistrados propuestos por PNV y PP, respectivamente) ya está listo. El texto considera que la nueva Ley de Vivienda puede limitar las competencias de las Comunidades Autónomas en esta materia. Los magistrados creen que hay un "claro dirigismo de la actuación de las instituciones autonómicas y locales, de problemático encaje en el orden constitucional de competencias".

El documento, que consta de 59 páginas, sí reconoce al ámbito estatal la potestad de legislar sobre cuestiones generales sobre la vivienda, pero sin por ello "vaciar de contenido las atribuciones autonómicas" en la materia. Por ello, considera que el anteproyecto puede haber incurrido en "una innecesaria superposición sobre la actual legislación autonómica de otra estatal que en gran medida viene a duplicarla". Así mismo, los magistrados avisan de que el texto –tal y como está- podría "lesionar algunos aspectos del derecho a la propiedad privada".

Además, en el borrador se hace mención a las recientes alusiones por parte de Unidas Podemos y también desde la propia Ministra de Agenda Urbana, Raquel Sánchez, a una posible falta de legitimación del poder judicial, cuya mandato lleva caducado desde hace más de tres años.

El texto recuerda al Ejecutivo que "el alcance de la función consultiva del Consejo General del Poder Judicial no depende del Gobierno de la Nación, aspecto sobre el que carece de toda capacidad de disposición, sino de lo dispuesto en la Ley Orgánica del Poder Judicial" y que ésta "ha venido siendo pacíficamente aceptada por los distintos Gobiernos y hasta el momento presente".

El informe, de ser aprobado este jueves, sustituiría así al propuesto por el anterior ponente, Álvaro Cuesta, que sólo fue apoyado por 5 de los 20 vocales.

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