Las conclusiones de los grupos -que aunque no vinculantes, siempre se han cumplido- giran en torno a los tres grandes objetivos del Gobierno.
Ampliar el período de cálculo de 15 a 20 años -con lo que coincide el PP-, elevar hasta los 38 ó 40 los años cotizados necesarios para cobrar el 100% de la pensión y retrasar la edad de jubilación de los 65 a los 67 años -el punto de la discordia porque el PP exige que sea una opción voluntaria e incentivada-.
El Gobierno considera la reforma imprescindible porque hay que aliviar la carga de las arcas públicas. El PP supedita el acuerdo a que se retire la congelación de las pensiones. Izquierda Unida cree que hay margen.
"El que esta Cámara no llegara a un acuerdo sobre el Pacto de Toledo deterioraría la situación económica de España de una forma incomprensible. Nos tiraríamos piedras contra nuestro propio tejado", afirma Octavio Granado.
Mientras que Tomás Burgos, portavoz del PP en el Pacto de Toledo asegura: "Antes de pedirles a los ciudadanos que trabajen más años para resolver los problemas económicos que ha creado el Gobierno, su principal obligación debería ser financiar la Seguridad Social.
Por su parte Llamazares alega que no hay urgencia: "Tomemos las cosas con tranquilidad porque el sistema de pensiones es solvente".
El Pacto continua con las las reuniones y Zapatero confía en llevar la reforma de las pensiones en enero al Parlamento.
