El vicepresidente segundo y conseller de Economía, Gerardo Camps, ha anunciado hoy que la Comunidad Valenciana se plantea reclamar al Estado el Fondo de Competitividad, por un importe de 633 millones de euros, en los tribunales de Justicia. Así lo ha expresado a los periodistas tras la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), donde, en el turno de ruegos y preguntas, se ha discutido sobre el Fondo de Competitividad y el Fondo de Cooperación.
En la reunión, también se han aprobado los objetivos de déficit para el conjunto de las administraciones autonómicas a cumplir durante el periodo 2012-2014, propuestos por el Ministerio de Economía y Hacienda. La Comunidad Valenciana ha votado en contra de los objetivos de déficit "no porque no esté comprometida con la estabilidad presupuestaria, sino porque las previsiones en las que el Gobierno basa sus objetivos de déficit son absolutamente irreales", ha resaltado el vicepresidente.
"Este Gobierno no acierta ni cuando rectifica, como ya ha demostrado en muchas ocasiones, y no tiene credibilidad suficiente para la Comunidad Valenciana a la hora de plantear objetivos de estabilidad presupuestaria", ha subrayado Camps.
El conseller ha mostrado su decepción porque el Gobierno se ha negado "en rotundo" a hacer los anticipos a cuenta del Fondo de Competitividad o de Cooperación que "le reclaman la mayor parte de las comunidades autónomas". Según Camps, el Gobierno no ha dado un solo argumento que pueda amparar esa decisión, se ha escudado en su voluntad soberana y en la ley, que durante dos años ha permitido que las comunidades recibieran esas entregas a cuenta y que ahora ampara que eso no se produzca. Ha calificado de "discrecional e injustificada" esta actitud del Ejecutivo, que, a su juicio, "va a traer como consecuencia que las comunidades tengan menos ingresos".
Ésta, en su opinión, es "otra manera de centrifugar el déficit a las comunidades" porque ahora el Gobierno "saca pecho" presentando mejores datos de déficit cuando las autonomías lo van a tener peor porque no reciben los fondos que están previstos en el modelo de financiación autonómica. Para la Comunidad Valenciana, ha agregado, el sistema de financiación autonómica es "tremendamente injusto" porque, además de no tener en cuenta al millón de valencianos más con los que cuenta en este momento, hoy, "el Gobierno lo hace todavía peor, porque ha decidido que el dinero de los fondos estén en las arcas del Estado en lugar de las arcas de las comunidades".
Ante la negativa del Gobierno, ha indicado, la Comunidad Valenciana se plantea el recurso a los tribunales de Justicia para determinar si la interpretación de la norma adecuada es la del Gobierno o la de las comunidades. Ha criticado la "mala forma" de hacer política del Ejecutivo porque "en vez de buscar el consenso en el seno del Consejo de Política Fiscal o Financiera prefiere mandar a las comunidades autónomas a los tribunales de Justicia para ver quién tiene o deja de tener razón".
Camps ha encargado a la Intervención General y a la Abogacía General de la Generalitat Valenciana que estudien el caso para ver si se puede recurrir a los tribunales, "a lo que nos ha invitado la vicepresidenta económica del Gobierno, Elena Salgado".
