Centro de menores

Sheila Gómez, la cuidadora que renunció a su trabajo en un centro de menores: "La conducta estaba siendo más agresiva"

Denuncia que no hay no existe una organización entre los centros de menores en el país, ya que cada comunidad se rige por sus propias pautas y protocolos.

Sheila Gómez, excuidadora de un centro de menores

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El caso de Belén, la educadora social que fue asesinada por dos menores en una casa tutelada de Badajoz conmocionó al país y los trabajadores del ámbito social alzaron la voz denunciando las condiciones en las que trabajan. Para Sheila Gómez, excuidadora de un centro de menores, este caso "fue la gota que colmó el vaso". Iba a cumplir once años en el centro pero renunció a su trabajo como cuidadora.

Durante 24 horas prestaban atención al menor, sirviendo de apoyo para los educadores sociales. El motivo por el que no quiso seguir es porque vio "que la situación empeora". Desde lo que ocurrió en la región extremeña asegura que a los trabajadores no se les han escuchado, "la Administración ha hecho oído sordos".

Incluso antes de que saliera a la luz el caso de Belén, "la situación ya era inestable", anuncia Sheila. Vivían inseguridades y expresaban temor porque avisaban de que podía ocurrir lo mismo en su centro por las conductas, cada vez más agresivas, que estaban tomando los menores: "Veíamos que la conducta estaba siendo más agresiva y no se tomaban las medidas oportunas".

"Pensaba que después de lo de Belén la Junta iba a escuchar a los trabajadores, se iba a poner en contacto con nosotros e iba a estudiar el tema", señala, añadiendo que ya habían realizado varias manifestaciones denunciando este tipo de situaciones, que "va a peor".

No hay armonización entre los centros

Sheila, que ahora trabaja en un centro educativo con niños con discapacidad, ha querido poner sobre la mesa "el tema en el que se debería de centrar el Gobierno". Apunta a que "no hay una organización real" porque en cada Comunidad Autónoma cada centro se gobierna de una forma distinta. Por lo que, aunque exista "esa ley del menor, que supuestamente protege y avala a los menores", denuncia que "en el territorio nacional no se establecen las pautas y protocolos que se rijan todos esos centros".

Pone de ejemplo la forma en la que se lleva a cabo las actuaciones en el sistema penitenciario, donde las competencias recaen en la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias (SGIP) y "todos van con este régimen". Estos centros, al igual que los de menores también forma parte de un sistema público. A su modo de entender, expresa que "no se puede estar atacando una ley del menor con parches".

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