Crisis PSOE
El juez amplía la investigación a Ábalos y Cerdán mientras el PSOE mantiene que sus cuentas están en orden
El magistrado solicita al Congreso y al partido información detallada sobre pagos y donaciones ante discrepancias entre Hacienda y los datos bancarios de los implicados.
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El Tribunal Supremo ha solicitado al Congreso de los Diputados y al Partido Socialista información detallada sobre todas las retribuciones y donaciones vinculadas al exministro José Luis Ábalos, entre 2014 y 2024. El juez instructor del denominado caso Koldo, Leopoldo Puente, considera que existen “aparentes faltas de sintonía” entre los datos aportados por Hacienda y los que constan en las cuentas bancarias del exministro. Según la UCO, Hacienda atribuye a Ábalos 44.729 euros en donaciones al PSOE, pero solo hay constancia bancaria de 8.471 euros.
El magistrado también requiere información sobre las retribuciones recibidas por Ábalos, que ascenderían a 751.421 euros según el fisco, frente a los 79.841 euros que reflejan sus movimientos bancarios. El auto insta al partido a detallar fecha, método de pago, cuenta de destino y titularidad.
Por otra parte, la Fiscalía Anticorrupción ha rechazado el recurso presentado por Santos Cerdán, exsecretario de Organización del PSOE, para abandonar la prisión provisional, al considerar que persiste el riesgo de destrucción de pruebas.
Reacción del Gobierno y defensa del partido
Desde el PSOE aseguran que todos los pagos y aportaciones están declarados ante Hacienda y auditados por el Tribunal de Cuentas. Según explican, los diputados reciben su salario del grupo parlamentario socialista, del que se detrae la aportación voluntaria al partido. También deben abonar una cuota como militantes.
La vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha insistido en que las cuentas del partido están "absolutamente en orden". Ha reiterado que el PSOE colaborará en todo momento con la justicia y proporcionará la documentación que se requiera.
Por su parte, el ministro de Presidencia, Félix Bolaños, ha asegurado que no existe financiación irregular y ha acusado al Partido Popular de basar sus críticas en informes sin fundamento.
Presión política e impacto en el CIS
El debate parlamentario sobre la corrupción ha elevado la tensión entre el Gobierno y la oposición. Desde Sumar, Mónica García ha pedido mayores garantías para evitar nuevas imputaciones. Mientras, Junts ha advertido que el apoyo al Ejecutivo dependerá del cumplimiento de sus compromisos con Cataluña.
El Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) ha reflejado un retroceso de 7,3 puntos del PSOE en su último barómetro. No obstante, los socialistas siguen por delante del PP, aunque con una ventaja más ajustada. Vox registra el mayor ascenso y Podemos recupera terreno.
El juez mantiene imputados a Koldo García, su hermano Joseba García y su exmujer Patricia Uriz, investigada por un incremento patrimonial y sus vínculos con empresas presuntamente beneficiadas por la trama de adjudicaciones públicas. La defensa ha pedido delimitar el marco temporal de la causa para garantizar el derecho a la defensa.
La UCO rastrea el patrimonio y los movimientos bancarios de los implicados, incluyendo posibles testaferros y sociedades pantalla. Se investiga si parte de las comisiones ilegales derivadas de contratos de emergencia durante la pandemia fueron canalizadas hacia financiación partidista.
Escenario parlamentario y cruce de acusaciones
Durante el pleno, el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha acusado a Pedro Sánchez de beneficiarse personalmente de negocios familiares relacionados con la prostitución. El PSOE ha exigido explicaciones y disculpas, tachando las afirmaciones de bulo y ataque político.
Desde Vox, Ignacio Garriga ha reiterado su rechazo al plan anticorrupción de Sánchez y ha pronosticado que el Gobierno agotará la legislatura. El Ejecutivo defiende que las acusaciones responden a una estrategia de desgaste y desvío del foco de la agenda política.
El caso Koldo sigue generando consecuencias institucionales, judiciales y políticas en cadena. La investigación del Supremo se intensifica mientras el Gobierno insiste en su colaboración con la justicia y mantiene que sus cuentas están regularizadas.
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