Santos Cerdán solicita una indemnización de casi 19.000 euros tras dejar su escaño en el Congreso

Este viernes, el exsecretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, ha regresado al Congreso de los Diputados para cumplir con el trámite obligatorio de presentar su declaración final de bienes. Este proceso, al que están sujetos todos los diputados salientes, permite verificar cómo ha evolucionado el patrimonio de los parlamentarios desde su ingreso hasta la finalización de su mandato. Cerdán, que accedió a su escaño en 2019, abandona así el Congreso tras seis años como diputado.

Junto con esta formalidad, Cerdán también ha solicitado la indemnización que el Congreso otorga a los diputados que dejan su escaño. Se trata de una ayuda económica mensual que funciona como una especie de prestación por desempleo, valorada en aproximadamente 3.200 euros brutos al mes. Dado que Cerdán ha ejercido su cargo durante seis años, recibirá esta ayuda durante un periodo equivalente, es decir, seis meses, por un total de casi 19.000 euros. Esta compensación, cabe destacar, es incompatible con el desempeño de cualquier otra actividad laboral remunerada.

Avanza la investigación judicial: registros y acceso a correos corporativos

Coincidiendo con su visita al Congreso, la investigación judicial que involucra a Santos Cerdán ha dado un nuevo paso. La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha accedido a la sede del PSOE, en la calle Ferraz, con el fin de clonar su cuenta de correo corporativa, por orden del Tribunal Supremo. Este movimiento responde a las pesquisas abiertas en torno a supuestas adjudicaciones irregulares durante su etapa como número tres del partido.

Además, los agentes también se han personado en el Ministerio de Transportes, donde han solicitado el acceso a la cuenta de correo del exministro José Luis Ábalos, igualmente investigado en esta causa. Otros organismos que han recibido requerimientos de información son ADIF y la Dirección General de Carreteras, en busca de documentación sobre contratos y licitaciones que están siendo examinados por el magistrado del Supremo, Leopoldo Puente.

El juez amplía la causa

En un auto emitido este viernes, el juez ha rechazado los registros solicitados por las acusaciones populares en la sede del PSOE y en el despacho de Cerdán, al considerar que serían medidas "limitativas de derechos" y de escasa utilidad en este momento. No obstante, ha ordenado formalmente la investigación del patrimonio de Cerdán y ha extendido la causa a cinco empresarios, sospechosos de haber pagado comisiones ilegales a cambio de adjudicaciones públicas.

Entre las obras bajo escrutinio se encuentran importantes proyectos ferroviarios en Sant Feliú de Llobregat, Murcia, Lugo y Asturias, así como diversas actuaciones en la red de carreteras en La Rioja, Sevilla, Jaén, Teruel y Burgos. El juez también ha señalado indicios consistentes contra la expresidenta de ADIF, Isabel Pardo de Vera, y el exdirector general de Carreteras, Javier Herrero, y ha trasladado el caso a la Audiencia Nacional para valorar su posible imputación.

Santos Cerdán está citado a declarar ante el Tribunal Supremo el próximo 30 de junio, fecha clave para esclarecer su papel en la trama que investiga supuestas irregularidades en contrataciones públicas.

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