Begoña Gómez
Peinado expulsa a Manos Limpias del caso Begoña Gómez por no pagar la fianza
El juez aparta al sindicato de la acusación popular por no consignar el importe exigido, mientras su nuevo despacho anuncia que subsanará el defecto y aportará la fianza para seguir en la causa.
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El juez de Instrucción número 41 de Madrid, Juan Carlos Peinado, ha decidido apartar de forma provisional al sindicato Manos Limpias del procedimiento abierto contra Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, al constatar que no ha abonado la cantidad requerida para ejercer la acusación popular en la causa.
La decisión se adopta tras varias semanas de movimientos internos en la representación jurídica del colectivo y en un contexto de creciente tensión política y mediática alrededor de la investigación.
En una providencia a la que ha tenido acceso la prensa, el magistrado afirma que la representación procesal de Manos Limpias no ha presentado "justificación documental de haber consignado el importe exigido para ser tenido por parte en el presente procedimiento", por lo que acuerda tenerles "por apartados" del caso. La decisión afecta al impulso procesal del sindicato que, con su denuncia inicial, dio origen a la investigación sobre Begoña Gómez.
Crisis en la defensa y salida del primer despacho
El giro procesal llega apenas un día después de que el abogado Carlos Perales Rey, del despacho Preico Jurídicos, comunicara por burofax su renuncia a la representación y defensa de Manos Limpias en esta causa.
En su escrito, remitido al juzgado, el letrado explica que el encargo, nacido como un trabajo "de naturaleza estrictamente técnica", ha pasado a enmarcarse en una dinámica que sitúa el procedimiento "en el terreno de la controversia política y mediática".
Perales argumenta que las decisiones estratégicas en torno al litigio ya no se inspiran "prioritariamente en la lógica procesal ni en la solidez de los argumentos jurídicos", sino en consideraciones de "oportunidad política, impacto en la opinión pública o posicionamiento ideológico". Con apoyo en el artículo 30 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, el despacho formalizó su "renuncia conjunta a la representación procesal y defensa" en el procedimiento.
El escrito subraya que la decisión "no ha sido tomada a la ligera" y que responde a un análisis en el que se concluye que no resultaba viable mantener una defensa técnica "eficaz" y "coherente" con los estándares de independencia y rigor que el despacho afirma aplicar a sus asuntos.
Nuevo despacho y compromiso de aportar la fianza
Tras esa renuncia, el bufete Soriano & Piqueras ha asumido la nueva representación procesal de Manos Limpias en el caso. En un comunicado, el despacho asegura que ha realizado "todas las actuaciones" necesarias para preservar los derechos del sindicato y que su objetivo es mantener su posición como acusación popular.
La firma explica que ha tenido conocimiento de la providencia de Peinado "a través de la prensa", ya que aún no le ha sido notificada formalmente, y que ha recabado la información necesaria para "subsanar el defecto consistente en la falta de aportación de la fianza".
Según ese comunicado, "una vez aportada la fianza por el Sindicato Colectivo de Funcionarios Manos Limpias, se comunicará inmediatamente al juzgado", que previsiblemente acordará tenerle "por válidamente constituido en acusación popular", de acuerdo con lo trasladado por la oficina judicial.
La denuncia que abrió la investigación
La actuación de Manos Limpias resultó determinante para la apertura de diligencias. Su denuncia llevó a que el juez Peinado incoara en abril de 2024 la causa en la que investiga a Begoña Gómez por varios presuntos delitos: tráfico de influencias, corrupción en los negocios en el ámbito privado, apropiación indebida, intrusismo y malversación de caudales públicos.
El sindicato sostiene que la esposa del presidente se habría servido de su posición para favorecer a determinados empresarios, entre ellos el investigado Juan Carlos Barrabés.
La continuidad de Manos Limpias como acusación popular queda ahora supeditada a que se formalice el depósito de la fianza y a la decisión que adopte el juez una vez se acredite, o no, ese pago.
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