La Justicia enviará a Ucrania un grupo de 39 forenses y especialistas en autopsias para investigar crímenes de guerra

La ministra de Defensa, Pilar Llop, ha adelantado este viernes que el Ministerio de Justicia pondrá a disposición de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI) un grupo de expertos para investigar crímenes de guerra rusos en Ucrania. En concreto son 29 expertos españoles en labores forenses y en investigación criminal y 10 especialistas en autopsias para concretar y valorar los posibles crímenes de guerra producidos en varios territorios como en Bucha, Mariúpol o en el Donbás.

Llop se ha mostrado "orgullosa de que la Corte Penal Internacional y la Fiscalía de Ucrania hayan depositado su confianza en estos profesionales españoles", según detalla una nota informativa de la cartera. Asimismo, se pondrán a disposición de la Fiscalía de la CPI los medios del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses (INTCF) para la recepción y análisis de las diferentes muestras y vestigios que les vayan llegando.

Moncloa ha asegurado que "con estas medidas, el Gobierno de España atiende las peticiones de colaboración realizadas el pasado mes de marzo por parte de la Fiscalía de la CPI, para llevar a cabo investigaciones sobre la posible comisión de crímenes internacionales en territorio ucraniano". Todos los miembros del grupo puesto a disposición disponen de una gran cualificación. La titular de Justicia ha destacado "su reconocimiento y valoración de su prestigio internacional" y "la rápida respuesta de los profesionales del INTCF en el apoyo a estas investigaciones".

Un grupo de expertos altamente cualificados

El Ministerio de Defensa ha añadido que tanto el número de expertos como los institutos implicados "podrían ampliarse" debido a que se tendrán en cuenta las necesidades que vayan surgiendo durante la realización de los trabajos para determinar el ataque deliberado sobre civiles, agresiones y crímenes en la guerra en Ucrania.

Los profesionales ofrecidos por la Justicia a la CPI pertenecen a los Institutos de Medicina Legal y Ciencias Forenses (IMLCF) de Cáceres, de Cantabria, de La Rioja, de Madrid, de Valencia, de Baleares, de Huelva, de Valladolid, de Salamanca, de Badajoz, de Granada, de Alicante, de Galicia, de Murcia y de Cataluña. Se prevé que se incorporen más de otras provincias.

La llegada de los expertos al equipo de la CPI y su participación se concretará a través de una Autoridad Única de Coordinación Jurídico Forense, liderada por la Secretaría General para la Innovación y Calidad del Servicio Público de Justicia y por la Dirección General de Cooperación Jurídica Internacional y Derechos Humanos. El director del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses también participará.

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