La Mesa del Congreso decide este viernes si suspende o no los diputados catalanes en prisión preventiva por el juicio al procés.
PP y Cs habían redoblado la presión al presentar sendos escritos con los que solicitaban la suspensión inmediata, pero, además, el Tribunal Supremo ha contestado la consulta que ayer trasladó la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, sobre el precepto legislativo que había que usar para dicha suspensión.
En la respuesta, de dos párrafos, el presidente de la Sala Segunda, Manuel Marchena, devuelve la responsabilidad de la decisión al Congreso. Recuerda que así lo transmitió en un oficio remitido a la Cámara el pasado viernes y destaca que redactar un informe como el que pide Batet sólo lo puede llevar a cabo el servicio jurídico del Congreso.
"Ya dispone de un equipo de letrados para tal fin y no es una competencia o tarea que deban hacer los magistrados", afirma Marchena. Con estos precedentes, en un clima muy tenso, se ha reunido la Mesa durante tres horas, para acordar la solicitud de un informe a los letrados de la Cámara.
La opción del informe ha estado avalada por los representantes del PSOE, tres, incluida la presidenta, y por los de Unidas Podemos, dos, pero no por los del PP (dos) y Cs (dos).
Hasta tener ese informe, Batet no quiere motivar ninguna decisión porque, como ha explicado, el Congreso no puede adoptarlas de manera "discrecional" ni "en ningún caso, política". Tiene que estar amparada por el ordenamiento jurídico.
El PP, por su parte, ha vuelto a reiterar a través de García Egea su oposición a que Junqueras, Rull, Turull y Sànchez permanezcan en su escaño.
