Entre otras medidas, la CE desea que se analice en Bruselas el presupuesto de cada gobierno antes de que lo apruebe su parlamento, con objeto de estrechar la vigilancia sobre las políticas económicas y el cumplimiento del Pacto de Estabilidad y Crecimiento, que obliga a los Estados a mantener su déficit por debajo del 3% del Producto Interior Bruto (PIB).

Para ello, sería necesaria una revisión de los términos del Pactode Estabilidad, que actualmente incumplen veinte Estados de losveintisiete, incluida España, con un saldo negativo en sus cuentaspúblicas del 11,2% del PIB en 2009.

Estos planteamientos hubieran sido difícilmente asumibles por losgobiernos hace unos meses y siguen contando con la resistencia sobretodo de Alemania, que los considera una cesión excesiva de soberaníanacional a Bruselas.

Sin embargo, la gravedad de los acontecimientos vividosrecientemente a raíz de la crisis de la deuda griega, que obligarona los países del euro a poner en marcha una operación financieracapaz de movilizar hasta 750.000 millones de euros para cubrir lasnecesidades de posibles socios insolventes, ha incrementado elrespaldo a un reforzamiento de la vigilancia.

Otras de las iniciativas con las que Bruselas pretende"desincentivar al máximo" la laxitud en materia fiscal es laaplicación de sanciones a los Estados que incumplan el Pacto deEstabilidad de manera reiterada.

En este sentido, una de las opciones barajadas es la suspensiónde los fondos europeos a los países que no hagan sus deberes enmateria fiscal, de manera más automática y no dependiente del vistobueno final político del Consejo de ministros como hasta ahora.

En 2003, Francia y Alemania provocaron en el Consejo lasuspensión del procedimiento sancionador que estaba a punto deactivarse contra ellas y forzaron una suavización de las reglas delpacto.

El endurecimiento de la vigilancia en materia fiscal es una delas condiciones impuestas por algunos Estados miembros liderados porAlemania para aprobar el paquete de ayudas a Grecia y,posteriormente, el mecanismo de salvaguarda del euro.

Pero, además de la vigilancia sobre las cuentas públicas,Bruselas quiere introducir el seguimiento de las divergencias decompetitividad entre los países del euro, mediante la supervisión dela estrategia que cada miembro tiene para potenciar su crecimiento,una tarea que ejercerían tanto la Comisión Europea como el resto delos Estados del Eurogrupo.

Para ello, el Ejecutivo comunitario ya ha discutido con losEstados miembros la posibilidad de fijar indicadores en asuntos comola productividad, la balanza por cuenta corriente o los costeslaborales unitarios.

Por último, Bruselas quiere poner en marcha un mecanismopermanente para la gestión de crisis de pagos, más allá delmecanismo "ad hoc" destinado a Grecia (80.000 millones de euros) ydel posterior establecido para estabilizar la zona euro (500.000millones) que sólo tiene una duración prevista de tres años.