La picaresca de algunos presidentes de comunidades de vecinos: "Se puso un sueldo de 100.000 euros"

La gestión de las comunidades de propietarios suele ser un punto de tensión entre los vecinos, es el caso de una urbanización de la Costa del Sol, donde vecinos denuncian que la normativa permite ciertos márgenes que pueden favorecer prácticas poco transparentes, especialmente cuando se aprueban obras de gran coste.

El caso cobra relevancia en un momento en el que comienzan las inspecciones para comprobar el cumplimiento del Real Decreto 355/2024, que obliga a adaptar los ascensores a nuevas exigencias de seguridad. Entre las medidas previstas figuran la nivelación de la cabina, la protección frente al cierre de puertas, la comunicación bidireccional, el control de carga y la sustitución de guías. En algunos edificios, la derrama para afrontar estas actuaciones puede alcanzar los 40.000 euros.

Aunque las obras deben aprobarse en junta de propietarios, la Ley de Propiedad Horizontal permite la delegación del voto mediante una simple nota manuscrita. Esa posibilidad, según denuncian algunos vecinos, abre la puerta a que presidentes y administradores acumulen poder en comunidades en las que muchos propietarios desconocen incluso cuánto pagan de cuota o en qué se invierte el dinero.

"Los asuntos de la comunidad son un tostón", reconocen varios residentes, una percepción que explica por qué muchos vecinos prefieren no asistir a las juntas ni asumir cargos de representación. Sin embargo, ese desinterés, advierten, facilita que en algunas comunidades "se haga lo que ellos quieren", especialmente en urbanizaciones grandes y con un alto volumen económico.

Obras ilegales y cantidades dudosas

Uno de los casos citados es el de María, quien asegura haber descubierto una obra ilegal permitida por su presidente y su administrador. Situaciones como esta, señalan, obligan en ocasiones a acudir a los tribunales, con un coste que puede situarse entre 3.000 y 7.000 euros sin garantías de éxito.

"Manejan presupuestos de más de dos millones de euros, eso es más que algunos pueblos de España", explica esta vecina, que señala que en su comunidad el presidente compró una furgoneta a la que le daba un uso personal.

Los expertos y afectados consultados consideran que uno de los puntos más urgentes a revisar es precisamente el control de la delegación del voto. La ley, recuerdan, permite esa fórmula, pero no establece con claridad quién verifica que la autorización sea real y no haya sido falsificada.

Otro foco de riesgo, apuntan, se da en las segundas residencias, donde el fraude o las irregularidades son más frecuentes porque buena parte de los propietarios no reside allí durante todo el año. En estas comunidades, además, no son infrecuentes los presupuestos que alcanzan los dos millones de euros, una cifra comparable a la economía de muchos municipios españoles.

Además, se corrige la percepción extendida de que la administración más cercana es el ayuntamiento. En realidad, recuerdan, la gestión más inmediata para el vecino es la comunidad de propietarios, una estructura que, pese a su importancia económica y práctica, sigue siendo en muchos casos una gran desconocida.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Buena ocupación durante el puente de mayo: "Ha servido para desconectar, descansar, hacer turismo y echar unas risas"