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TRAS SEIS DÍAS EN LIBERTAD

Orden de detención contra 'El Boca', asesino de Ana María Jerez

La Audiencia Provincial de Huelva ha dictado una orden de detención de José Franco de la Cruz, alias 'El Boca, que el pasado salió de la cárcel tras cumplir 21 de los 44 años a los que fue condenado por el asesinato y violación de la niña onubense Ana María Jerez Cano en 1991, para que comparezca en los juzgados e informe sobre el lugar donde ubicará su domicilio durante los próximos años tras no comparecer este lunes a la citación judicial prevista.

Las Fuerzas de Seguridad no han logrado localizar a José Franco de la Cruz, alias 'el Boca', para que compareciera hoy ante la Audiencia Provincial de Huelva al objeto de que facilitara el lugar en el que va a residir tras su salida de la cárcel, donde cumplía condena por el asesinato y violación de una menor.

Así lo ha asegurado en rueda de prensa el subdelegado del Gobierno en Huelva, Enrique Pérez Vigueras, quien ha apuntado que hasta las 11:30 horas la localización de esta persona por parte de los agentes de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado no ha sido posible.

La presencia de la Policía, ha explicado, era también necesaria al objeto de escoltar a esta persona hasta la Audiencia, ya que sobre él pesa una orden de alejamiento de la ciudad de Huelva, lugar de residencia de los padres de la víctima, por un período de seis años desde su puesta en libertad.

Asimismo, hasta las 13:15 horas tampoco este hombre se ha personado voluntariamente en las dependencias judiciales, en las que sí se encuentran, desde el mediodía, momento para el que estaba prevista su comparecencia, su abogado, José Augusto de Vega, y la abogada de Adoración Cano, Gloria Gómez, que están a la espera de que el juez les transmita qué medidas adoptar a partir de ahora.

'El Boca' abandonó la prisión de Sevilla 2, en Morón de la Frontera (Sevilla), el pasado martes después de cumplir 21 años de los 44 a los que fue condenado en 1993 por el asesinato y violación de la niña Ana María Jerez Cano en 1991 en Huelva, tras rechazar la Audiencia el recurso de la familia de la víctima de que se le aplicara la doctrina Parot, de acumulación de penas.

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