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CASO GUARDIA URBANA

Fiscalía pide penas de 24 y 25 años de prisión para los acusados del crimen de la Guardia Urbana

El ministerio público acusa de un delito de asesinato a la pareja de guardias urbanos procesados -en el caso de Rosa Peral, con la agravante de parentesco-, quienes serán juzgados por un tribunal popular.

La Fiscalía ha pedido penas de 24 y 25 años de cárcel, más otros diez de libertad vigilada, para Rosa Peral y Alberto López, los dos guardias urbanos de Barcelona acusados de asesinar en mayo de 2017 a un compañero del cuerpo, en un triángulo amoroso. En su escrito de calificación, presentado ante el Juzgado de instrucción número 8 de Vilanova i la Geltrú (Barcelona), el ministerio público acusa de un delito de asesinato a la pareja de guardias urbanos procesados -en el caso de Rosa Peral, con la agravante de parentesco-, quienes serán juzgados por un tribunal popular.

El ministerio público solicita también que los procesados, de forma conjunta y solidaria, indemnicen con un total de 785.000 euros al hijo, el padre, los hermanos y la excompañera sentimental de la víctima, cuyo cadáver carbonizado fue hallado en mayo de 2017 en una pista forestal del área del pantano de Foix.

Según mantiene el ministerio público en su escrito de conclusiones, los dos procesados, que a la sazón eran amantes, se pusieron de acuerdo para asesinar, la madrugada del 2 de mayo de 2017, a la pareja de Rosa Peral en el domicilio de Vilanova i la Geltrú (Barcelona) que ésta compartía con la víctima, e incriminar en el crimen al exesposo de ella.

La pareja de acusados, que se conocieron trabajando en la Guardia Urbana de Barcelona, iniciaron una relación sentimental ya en 2012, cuando la acusada estaba casada y vivía con su marido y sus dos hijas menores de edad en Vilanova i la Geltrú, hasta que se separó de él en diciembre de 2016. Meses antes de su separación, añade el ministerio público, Rosa Peral emprendió una tercera relación sentimental con el fallecido, también agente de la Guardia Urbana aunque de otra unidad, que mantuvo en paralelo con las otras dos.

En enero de 2017, el acusado Alberto López descubrió el vínculo sentimental que mantenían Rosa Peral y la víctima y, en venganza, decidió desvelarle que la mujer había estado simultaneando ambas relaciones, según la Fiscalía, que cree que ello generó "un clima de celos recíprocos y un creciente e intermitente distanciamiento emocional" entre el fallecido y la procesada.

En ese contexto, sostiene la acusación pública, entre marzo y abril de 2017 los procesados iniciaron un "paulatino acercamiento, emocional primero y sentimental después", hasta que ambos llegaron a la conclusión de que el fallecido, "por diversas razones, obstaculizaba su relación y situación".

Por todo ello, la Fiscalía sostiene que los procesados acabaron con la vida del fallecido en el interior de su domicilio de Vilanova i la Geltrú y, aunque no precisa de qué forma lo mataron, recalca que lo hicieron aprovechándose de que la víctima "estaba enteramente despreocupada de sufrir algún ataque", por encontrarse en su casa y por la "relación sentimental y de confianza" que le ligaba a Peral.

Posteriormente, y valiéndose de sus conocimientos policiales, los acusados desplazaron el teléfono móvil del fallecido hasta las indemnizaciones de una urbanización de La Bisbal del Penedès (Barcelona), donde residía el exmarido de Peral, con el propósito de involucrarle en el crimen, añade la Fiscalía. Al mismo tiempo, y con el fin de "fingir una motivación distinta" en el crimen, agrega el escrito de acusación, los procesados airearon "públicamente" las malas relaciones que la víctima mantenía con el exmarido de Rosa Peral.

La madrugada del 2 al 3 de mayo de 2017, mantiene la Fiscalía, los procesados introdujeron el cuerpo del fallecido en el interior de un coche de su propiedad y, tras abandonarlo en las inmediaciones del pantano de Foix, le prendieron fuego, con lo que el cadáver quedó casi enteramente carbonizado. Ambos procesados permanecen en prisión preventiva desde su detención, en mayo de 2017, y la semana pasada la juez acordó prorrogarla por dos años más.

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