La ministra de Justicia, Dolores de Delgado, ha defendido una Justicia con perspectiva de género, ha abogado por más formación para los operadores jurídicos y ha apuntado que estudiará considerar a las víctimas de agresión sexual como víctimas de violencia de género, porque la situación es "insostenible".
"Una sociedad que recibe el grito unánime de más de la mitad de los integrantes debe ponerse en terapia de forma urgente", ha subrayado Delgado en su primera comparecencia en el Congreso, recordando las multitudinarias manifestaciones del pasado 8 de marzo tras la polémica sentencia de La Manada.
Delgado ha señalado que considerar a las víctimas de agresión sexual como víctimas de violencia de género permitiría otorgarles el derecho a la asistencia jurídica gratuita prevista en la ley integral, una norma que incluye también labores de asesoramiento previo y de acompañamiento.
Reforma integral de la Ley de Memoria Histórica
Delgado ha anunciado una futura reforma integral de la Ley de Memoria Histórica, así como la elaboración de planes de búsqueda de desaparecidos, un censo de víctimas de la Guerra Civil y la dictadura y programas de exhumación. Además, ha adelantado que su departamento estudiará la manera de llevar a cabo la "ilegalización de aquellas asociaciones u organizaciones que hagan apología del franquismo", como la Fundación Francisco Franco.
"Es nuestra intención y nuestro compromiso asegurar el acceso a la verdad mediante los mecanismos adecuados y eficaces que garanticen el derecho a la reparación de las víctimas del franquismo y la obtención de las adecuadas garantías de no repetición", ha afirmado Delgado en su primera comparecencia en el Congreso.
Recuperar la justicia universal
Delgado ha anunciado que el Gobierno quiere recuperar la justicia universal y revisarla "conforme a nuevas necesidades como la persecución de crímenes internacionales de naturaleza económica, financiera y medioambiental".
Ha apostado por que se recupere la legislación que regía entre 1985 y 2009, y en menor medida hasta 2014. Ese impulso a la jurisdicción universal, ha recordado, fue secundado por otros países, ya que el enjuiciamiento de los crímenes más graves sin importar dónde se cometen "tiene un valor reparador para las víctimas que no encuentran justicia en sus países de origen y activa las alertas rojas con órdenes internacionales de detención que reducen los espacios de impunidad".
Según la ministra, la reforma de la ley de justicia universal aprobada por el PP en 2014, que limitó mucho los casos en que se puede aplicar, "dejó no sólo a las víctimas en general, sino también a los españoles en particular, más indefensos".
