El Ayuntamiento de Barcelona amenaza con expropiar las fincas que acogen meublés y viviendas pateras en el barrio del Raval.
La primera Área de Conservación y Rehabilitación que quiere impulsar el Consistori está en la zona delimitada por las calles Robadors y Sant Ramon, del barrio del Raval, para poder actuar en sus 616 viviendas, un 20% en situación deficiente.
La primera finca con la que se ha hecho el Ayuntamiento es el número 6 de la calle Sant Ramon, una finca en muy mal estado de conservación donde están ubicadas las habitaciones que Carmen de Mairena alquilaba de forma ilegal a prostitutas.
El edificio de Sant Ramon 6 es propiedad de la delegación de Hacienda y es una de las fincas "con un grado de conservación más bajo y un conflictividad más alto" del área, según la portavoz de gobierno y concejala de Ciutat Vella, Assumpta Escarp.
El Área de Conservación y Rehabilitación es una figura prevista en la ley del Derecho a la Vivienda que permite a los ayuntamientos intervenir sobre la propiedad privada para obligar a los propietarios a rehabilitar o alquilar las viviendas e incluso prevé la posibilidad de recurrir a la expropiación.
En algunas de las fincas de las calles Robadors y Sant Ramon se llevan a cabo actividades como la prostitución y la venta de drogas, hay viviendas vacías, otras sobreocupadas y muchas que no reúnen las condiciones de habitabilidad.
En la rueda de prensa para informar de los acuerdos de la comisión de gobierno, Escarp ha destacado la decisión de Barcelona de utilizar por primera vez este instrumento jurídico de la ley catalana del Derecho a la Vivienda para intervenir en la propiedad privada y ha calificado de "operación de microcirugía" la que permitirá la rehabilitación de sus viviendas.
Escarp ha señalado que aunque la mayoría de los 63 edificios del área delimitada están en buen estado es necesario actuar "puerta a puerta, vivienda por vivienda" porque en esta zona de Ciutat Vella ha quedado demostrado que "la iniciativa privada no funciona".
La teniente de alcalde ha descartado el derribo de edificios pero ha estimado que el Ayuntamiento podría ejercer el derecho de tanteo para adquirir, además del de Sant Ramon 6, otra media docena de edificios "para devolverlos al uso que no tienen, el de vivienda".
