La Cámara de Diputados uruguaya ha aprobado un proyecto de ley impulsado por el presidente del país, José Mujica, que permite el cultivo, la distribución y el comercio de la marihuana bajo la regulación del Estado y que se hará realidad si el Senado lo ratifica. El proyecto fue aprobado después de una larga sesión con 50 votos a favor de la iniciativa de los 96 totales, gracias a que el partido oficialista Frente Amplio (FA) logró imponer la mayoría suficiente de que dispone en la Cámara Baja, pues la oposición rechazó la propuesta en bloque.
Antes del debate parlamentario, el cual duró casi catorce horas, existía incertidumbre en torno al éxito de la propuesta porque uno de los parlamentarios del FA, Darío Pérez, la rechazaba y amenazaba con votar en contra. El FA cuenta con 50 de los 99 representantes en la Cámara Baja, aunque al final no sólo no votaron todos los parlamentarios opositores, sino que, además, Pérez apoyó la iniciativa por lealtad a sus compañeros, no sin antes expresar de forma rotunda su disconformidad.
"La marihuana es una bosta (excremento de vaca o de caballo), es enemiga del estudiante, del trabajador, de la vida. Y lo importante es que es una bosta con o sin ley. Y va a seguir pasando a pesar de nosotros, con o sin ley", indicó. Pese a sus duras palabras, Pérez reconoció que esta iniciativa legal es uno de los "proyectos más impactantes de la legislatura" de Mujica (2010-2015) y que implica un "cambio de paradigma del tema de la droga".
El controvertido plan oficialista pretende legalizar la compraventa y el cultivo de marihuana, y establece la creación de un ente estatal regulador que se encargaría de emitir licencias y controlar la producción y la distribución de la droga. Los consumidores previamente registrados podrán comprar marihuana en farmacias especialmente habilitadas, hasta un máximo de 40 gramos por mes, o cultivar en casa hasta seis plantas que produzcan no más de 480 gramos por cosecha.
La propuesta surgió hace un año por iniciativa Mujica como un esfuerzo para luchar contra el narcotráfico, entendido por el Gobierno uruguayo como una lacra peor que la drogadicción. El mandatario es un exguerrillero de 78 años que pasó catorce en la cárcel por su lucha armada, la mayoría durante la dictadura (1973-1985).
En una reciente entrevista en la granja en la que vive de forma austera en las afueras de Montevideo confesó no haber consumido nunca marihuana, pero recalcó su creencia de que al pasar el Estado a controlar ese sector le arrebatará el mercado a los cárteles de las drogas. Este miércoles, en el Palacio Legislativo los parlamentarios frenteamplistas defendieron una y otra vez esa teoría, mientras los representantes de los opositores Partido Nacional, Colorado e Independiente esgrimían argumentos para refutarla.
El comentario más recurrente a favor de la nueva norma fue precisamente que hasta ahora los métodos represivos contra el narcotráfico han fracasado y hay que buscar una nueva vía de derrotar a las mafias criminales.
En el otro extremo, los detractores del plan argumentaron que en los países en los que se ha legalizado la marihuana su consumo no ha descendido. El debate fue seguido con expectación por las asociaciones de consumidores de cannabis y partidarios de legalizarlo en los alrededores y en el interior del Parlamento, de donde tuvieron que ser desalojados cuando estallaron de júbilo después de la votación.
La implicación de esos grupos contrastó con la pasividad del resto de la población en las calles, pese a que una encuesta divulgada el lunes por la consultoría Cifra revela que el 63% de los uruguayos están en contra del plan gubernamental y solo un 26% lo apoya. Para que se convierta en ley, el proyecto deberá ser aprobado ahora en el Senado, donde el FA tiene también mayoría suficiente, por lo que se estima que antes de fin de año la innovadora norma podría entrar en vigor.
