El presidente de EE.UU., Barack Obama, ordenó la puesta en marcha de recortes fiscales por 85.000 millones de dólares en lo que resta del año fiscal 2013, después de que fracasaran los esfuerzos entre la Casa Blanca y el Congreso por evitarlos.
Recurriendo a la autoridad que le concede una ley presupuestaria federal, Obama autorizó los recortes masivos, que son producto de un pacto acordado en agosto de 2011 por el Congreso para elevar el techo de la deuda, a cambio de elaborar un plan para la reducción del déficit que no se logró.
Así, el Pentágono sufrirá recortes por un 13 % mientras que el resto de los programas no relacionados con defensa afrontarán recortes por cerca del 9 %. En paralelo a la orden de Obama, la Oficina de Gestión y Presupuesto de la Casa Blanca envío al Congreso un informe que detalla las cantidades y porcentajes de los recortes fiscales que se pondrán en marcha.
"Esto es una pérdida para todo el pueblo estadounidense", enfatizó Obama
Tras una reunión a puerta cerrada en la Casa Blanca, Obama compareció ante la prensa y culpó a los republicanos en el Congreso de la inevitabilidad de los recortes "arbitrarios", mientras éstos insistieron en que no van a apoyar los nuevos aumentos impositivos que reclama el Gobierno.
"No todo el mundo va a sentir el dolor de los recortes de inmediato, pero el dolor será real. A partir de la próxima semana muchas familias de clase media verán sus vidas perturbadas de una manera significativa", sostuvo Obama tras reunirse con los líderes demócratas y republicanos en el Congreso.
Según Obama, los recortes que se aplicarán paulatinamente hasta concluir el año fiscal 2013 en septiembre próximo, supondrán la pérdida de 750.000 empleos y la reducción de medio punto porcentual en el crecimiento del PIB.
No obstante, trató de rebajar la alarma y dijo que EE.UU. saldrá adelante y que "no va a ser el apocalipsis"."Esto no es una victoria para nadie. Es una pérdida para todo el pueblo estadounidense", enfatizó Obama sobre la inminente aplicación de los recortes, pactados en el Congreso en 2011 entre demócratas y republicanos para forzar un pacto de largo alcance sobre la reducción del elevado déficit público -superior al 8 % en 2012- que aún no ha llegado.
El principal escollo de las negociaciones está en que los republicanos consideran que el gasto fiscal es excesivo y hay que recortarlo más, mientras los demócratas persiguen una reforma tributaria para aumentar los ingresos del Estado mediante más impuestos a la que los conservadores se oponen.
