Inglaterra presenta su nueva reforma del mercado del alquiler: se prohíben los desalojos de inquilinos sin justificación

El Gobierno británico presenta este miércoles en el Parlamento un proyecto de ley que pretende reformar el mercado del alquiler en Inglaterra con medidas como la prohibición de los desalojos sin justificación, el fin de la discriminación a las familias con hijos o la posibilidad de tener mascotas en el hogar.

La reforma, que fue una de las promesas electorales del Partido Conservador en 2019, tiene como objetivo mejorar la vida de los 11 millones de personas que viven de alquiler en Inglaterra, un sector que ha crecido en los últimos años debido al alto precio de la vivienda y la dificultad para acceder a una hipoteca.

Nuevas garantías para los inquilinos

Según el ministro de Comunidades, Michael Gove, el proyecto de ley "garantizará" que los inquilinos "tengan la seguridad de saber que los desalojos sin culpa terminarán". Hasta ahora, la legislación permitía a los propietarios expulsar a los inquilinos sin dar una razón válida, lo que generaba inseguridad e incertidumbre entre los arrendatarios.

A partir de ahora, el contrato de alquiler solo terminará si el inquilino lo acaba o si el propietario tiene un motivo válido para recuperar su vivienda, como, por ejemplo, que quiera venderla o vivir en ella. Además, se establecerá un nuevo defensor del pueblo para supervisar la resolución de disputas entre propietarios e inquilinos.

No se podrá rechazar inquilinos con hijos o mascotas

Otra medida que busca proteger a los inquilinos es la prohibición de que los propietarios rechacen el alquiler a familias con hijos, una práctica habitual en algunos anuncios que suponía una forma de discriminación. Asimismo, se otorgará a las personas el derecho legal de solicitar tener una mascota en su hogar y los propietarios tendrán que considerar estas solicitudes y no podrán rechazarlas sin razón.

Expulsión de vecinos conflictivos

Por otro lado, el proyecto de ley también contempla facilitar la expulsión de los inquilinos que causen problemas a los vecinos o que tengan una conducta antisocial. Según el Gobierno, esta medida busca equilibrar los derechos y responsabilidades de ambas partes y garantizar que los propietarios puedan recuperar sus inmuebles cuando estos sean ocupados por personas problemáticas.

El Gobierno espera que el proyecto de ley sea aprobado por el Parlamento y entre en vigor en 2024. Según los colectivos que llevan años demandando mejoras en el sector del alquiler, como Shelter o Generation Rent, la reforma supone una "gran oportunidad" para cambiar las reglas del juego y dar más estabilidad y seguridad a los inquilinos.

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