Caso Mascarillas

¿Por qué Aldama no entrará en prisión pese haber sido condenado a 4 años y medio?

El Tribunal Supremo ha condenado a cuatro años y medio de prisión al empresario Víctor de Aldama pero ha suspendido la ejecución de la pena.

Víctor de Aldama

Víctor de Aldama Europa Press

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El Tribunal Supremo ha condenado al empresario Víctor de Aldama a cuatro años y medio de prisión por su implicación en la trama vinculada al exministro José Luis Ábalos y su exasesor Koldo García. Sin embargo, pese a la condena, Aldama no ingresará en prisión porque la Sala ha acordado suspender la ejecución de la pena debido a su colaboración con la Justicia.

Los magistrados consideran que la aportación de Aldama ha sido especialmente relevante para el esclarecimiento de los hechos investigados. Según la sentencia, su colaboración permitió avanzar de forma decisiva en las pesquisas y facilitó el descubrimiento de delitos que, de otro modo, habrían sido más difíciles de acreditar.

El tribunal que ha juzgado a este empresario, al exministro de Transportes y a su exasesor Koldo García ha impuesto una condena menor de los cinco años de cárcel que pidieron las acusaciones populares, coordinadas por el PP, y por debajo también de la pena de siete años de prisión que reclamó la Fiscalía Anticorrupción.

El empresario optó por colaborar con la Justicia después de pasar algo más de un mes en prisión preventiva como investigado en un fraude relacionado con hidrocarburos. Durante su declaración, admitió su propia participación en los hechos y aseguró que tanto Ábalos como Koldo García habrían recibido mordidas que él mismo pagó a cambio de obtener un trato favorable en contratos de suministro de mascarillas durante la pandemia.

La explicación del Supremo

El Supremo ha explicado que Aldama "no se ha limitado a confesar los hechos objeto de acusación, amoldando su testimonio al resultado de las pruebas conocidas". "Por el contrario", señalan, ha aportado "documentación sobre viajes, ingresos económicos a los otros acusados y contratos de arrendamiento de inmuebles", entre ellos destaca el que se realizó para Jéssica Rodríguez, que fue novia de José Luis Ábalos, o el contrato de arrendamiento con opción a compra de un piso del paseo de la Castellana para beneficio del exministro.

"Aportó información relevante sobre el posible amaño en las adjudicaciones de obras públicas que han sido remitidas a los Juzgados de Instrucción que instruyen esos hechos con nuevos implicados que están siendo investigados" en la Audiencia Nacional, indica la sentencia. Unos documentos que "han sido objeto de análisis y pericia para corroborar sus manifestaciones, reconociendo su participación en los hechos y afirmando las de los otros acusados".

"En definitiva, consideramos que este acusado ha prestado una cooperación plena y continua, a lo largo de todo el procedimiento, mantenida y completada en el juicio oral, facilitando información veraz y relevante, medios de prueba y datos significativos para la acreditación de los hechos enjuiciados", destacan los magistrados.

Tal y como él mismo declaró e indica la sentencia, Aldama "era el encargado de localizar empresas o particulares interesados en cualquier clase de gestión con la administración para, articulando sus intereses, hacerlos valer con preferencia y de manera arbitraria ante aquella, siempre a cambio de la correspondiente prestación económica, de la que igualmente hacía partícipes a José Luis Ábalos y a Koldo García".

No podrá cometer nuevos delitos

La suspensión de la pena, no obstante, está sujeta al cumplimiento de varias condiciones. Aldama no podrá cometer nuevos delitos durante el periodo fijado por el tribunal, deberá presentar un informe semestral sobre sus actividades y tendrá que realizar un año de trabajos en beneficio de la comunidad. Si incumple alguno de estos requisitos, la medida podría revocarse y tendría que cumplir la condena de prisión.

La pena impuesta también es inferior a la solicitada tanto por la Fiscalía Anticorrupción, que reclamaba siete años de cárcel, como por las acusaciones populares coordinadas por el Partido Popular, que pedían cinco años de prisión. Aun así, el factor determinante para evitar su ingreso en la cárcel ha sido la valoración positiva que el Supremo hace de su colaboración con la Justicia y de la información aportada para esclarecer la trama investigada.

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