Crisis Migratoria
Varias comunidades autónomas se oponen al reparto de menores migrantes, otras aceptan y algunas critican al Gobierno
La mayoría de los territorios aseguran que los centros para hacer frente a esta crisis humanitaria se encuentran colapsados, oponiéndose firmemente a atender y acoger a estas personas, aunque otras sí han aceptado con críticas hacia el Gobierno central.

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Ya una semana después de la llegada masiva e irregular de inmigrantes a Ceuta, muchos de los menores que permanecen en la ciudad autónoma (más de un millar, según estima el Gobierno de Ceuta), deben ser acogidos y repartidos en las diferentes comunidades autónomas de España, según indica la ley de extranjería.
El pasado miércoles, el presidente de la ciudad, Juan Jesús Vivas, pedía "socorro, auxilio, ayuda y solidaridad" a los Gobiernos de los distintos territorios de nuestro país. En las últimas horas, las comunidades han reaccionado de forma distinta a esta situación. En muchos casos, se pone a prueba también los numerosos casos de Gobiernos compuestos por el PP y algunos cargos de Vox.
Algunas comunidades han decidido aceptar la acogida de los menores inmigrantes, otras muchas se han negado o se han opuesto rotundamente y un tercer grupo ha aceptado, pero criticando hacia el Gobierno.
Navarra, Comunidad Valenciana y Cataluña aceptan a los menores
La consejera de Derechos Sociales, Economía Social y Empleo del Gobierno de Navarra, Carmen Maeztu, ha trasladado al consejero de la Ciudad Autónoma de Ceuta la disposición del Ejecutivo foral para "contribuir, desde los acuerdos adoptados y el mecanismo de reparto establecido, la solidaridad y la corresponsabilidad institucional", a la atención de los niños, niñas y adolescentes que permanecen en la ciudad autónoma.
La consellera de Servicios Sociales e Infancia de la Comunidad Valenciana, Elena Albalat, afirma que en su región los centros están colapsados, pero que "llegado el momento, con la información que nos dé el Gobierno, lo valoraremos todo".
Por su parte, el Govern catalán de Salvador Illa ha aceptado también llevar a cabo las medidas necesarias para hacer frente a esta crisis humanitaria.
Castilla-La Mancha, Madrid, Canarias, Murcia, Castilla y León, Extremadura, Aragón y Galicia se oponen
A pesar de que la ley obliga a las comunidades a distribuir y cuidar a los menores, varias de estas regiones han asegurado que se sus centros se encuentran colapsados y que están al límite de su capacidad, y por ello se oponen al reparto.
Por su parte, desde Madrid trasladan la responsabilidad al Gobierno central y a Marruecos asegurando que no han recibido "ninguna información", según la consejera de Familia, Juventud y Asuntos Sociales, Ana Dávila.
Otras como el caso de Extremadura, se oponen "por tierra, mar y aire" a un nuevo reparto de menores migrantes no acompañados, según el vicepresidente y consejero de Desregulación, Servicios Sociales y Familia, Óscar Fernández Calle.
La Rioja, Cantabria, Baleares, País Vasco y Andalucía aceptan, pero con críticas
La consejera vasca de Bienestar, Juventud y Reto Demográfico de Euskadi, Nerea Melgosa, ha pedido que "se agoten todas las vías para que vuelvan con sus familias" los menores llegados a Ceuta, pues creen que "la primera obligación del Estado no es repartir menores", sino "ejercer plenamente las responsabilidades que le corresponden y, por lo tanto, agotar las vías para que vuelvan con sus familias".
Este miércoles, el vicepresidente segundo y consejero de Turismo, Desregulación, Justicia y Administración Local de la Junta, Manuel Gavira, señalaba que la Junta "se iba a oponer" al reparto de menores propuesto por el Gobierno central.
"Andalucía, como el resto de gobiernos donde esté Vox, se va a oponer a todo reparto de menas que plantee el Gobierno de Sánchez. Así lo pactamos", expresaba Gavira en una publicación en su cuenta oficial en X.
No obstante, en muchas de estas comunidades gobierna el PP, partido que desde su dirección afirman que estos territorios "cumplirán la ley", a pesar de que algunos miembros de Vox se opongan a este reparto. Este grupo político es el socio del principal partido en las diferentes comunidades.
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