Elecciones Generales 2019

Programa Electoral del Partido Popular para las elecciones generales de 2019

Pablo Casado quiere poner el énfasis en estas segundas elecciones generales 2019 en la aplicación de la legislación que lleve al control de los movimientos independentistas en Cataluña, pero sobre todo, en medidas económicas que rompan la evolución negativa que se observa en todos los indicadores.

Elecciones generales 2019: El presidente del Partido Popular, Pablo Casado

Elecciones generales 2019: El presidente del Partido Popular, Pablo CasadoEFE

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El Partido Popular se esfuerza en poner en la agenda de la campaña electoral de las elecciones generales de 2019 los temas económicos, la preocupación por la evolución de los datos de empleo y actividad empresarial y desmentir los que ofrece el gobierno. Antes de la presentación de su programa electoral para el 10-N, estas son algunas de las las medidas que han propuesto:

Implantar una tarjeta sanitaria única en todo el territorio. Vacunación obligatoria "para acceder al sistema educativo". Mantener los 1.000 euros de cheque guardería y extenderlo a cuidadores profesionales para familias con hijos menores de 3 años.

Extender los cuidados paliativos y utilizar el testamento vital como "fórmula de manifestación" de la voluntad de los pacientes ante una situación terminal.

Tipo máximo del IRPF por debajo del 40 %, frente al 45% actual y el del impuesto de sociedades por debajo del 20 %. Supresión del impuesto sobre el patrimonio y el que grava sucesiones y donaciones.

Extender a la vivienda habitual y a los planes de ahorro los beneficios fiscales que actualmente disfrutan los planes de pensiones.

Los parados de larga duración que inicien un negocio no pagarán impuestos por los beneficios obtenidos durante los dos primeros años.

Reducción de las cotizaciones sociales, especialmente cuando se contrate a jóvenes o parados de larga duración. Reducción del IBI progresivamente hasta el mínimo legal en los municipios.

Menos impuestos, medidas de reactivación económica y control de las instituciones catalanas si es necesario

Incentivos fiscales para las empresas que contraten mujeres después de la maternidad. Ampliar de 2 a 3 años la tarifa plana y extenderla a mayores de 52 años, parados de larga duración y autónomos menores de 30 años.

Elevar de forma progresiva el periodo de cómputo de la pensión a toda la vida laboral. Revalorizar las pensiones "teniendo en cuenta tanto el IPC como otros indicadores". Crear un fondo de capitalización para fomentar la contratación indefinida y la movilidad y flexibilidad del mercado de trabajo.

Ampliar la jubilación activa al 100 % a todos los autónomos.

Introducción de "pruebas académicas de carácter nacional" al final de cada etapa educativa y "mecanismos de evaluación transparentes de la calidad de la docencia y la investigación de las universidades". Garantizar el castellano como lengua vehicular en toda España. Establecer becas atendiendo "no solamente las circunstancias económicas y sociales, sino también el esfuerzo de los alumnos".

Inclusión de Filosofía como asignatura obligatoria en Bachillerato.

Reforzar el delito de usurpación de viviendas, que pasaría de multa a pena de privación de libertad de uno a tres años.

Impulsar la oferta de vivienda nueva para alquiler fórmulas de cooperación público-privadas.

Aplicar la Ley de Seguridad Nacional o el artículo 155 para "proteger el correcto ejercicio de la autonomía de Cataluña" por el tiempo que "resulte inexcusable" y con "cuantas medidas sean necesarias".

Reforzar la presencia del Estado en todas las comunidades para garantizar "el pleno ejercicio de las competencias que tiene constitucionalmente atribuidas".

Reforma del Código Penal para tipificar como delito la convocatoria ilegal de referéndum y reformar la Ley del Indulto para prohibirlo en las casos de delitos de rebelión y sedición.

Aprobación de una ley de Concordia, que derogará la Ley de Memoria Histórica e incluya a "todas" las víctimas.

Impulsar una única licencia de transporte urbano digital para todos los transportes en toda España. Derogar el decreto que regula la actividad de los VTC y del taxi, que faculta a comunidades autónomas y ayuntamientos a regular su actividad.

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