Caso Leire
La UCO requiere documentación sobre la trama de Leire Díez a Correos, Hacienda y Transición Ecológica
Agentes de la UCO se encuentran en dichas sedes para requerir expedientes concretos sobre contratos públicos.
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Agentes de la UCO solicitan desde primera hora de este viernes en las sedes de Correos y varios organismos dependientes de los Ministerios de Hacienda y Transición Ecológica expedientes concretos sobre contratos públicos. También se requieren expedientes a Patrimonio del Estado y el Tribunal de Recursos Contractuales.
Se trata de una operación enmarcada en la investigación abierta en la Audiencia Nacional por la que esta semana la exmilitante y exconcejal socialista Leire Díez, el expresidente de la SEPI Vicente Fernández Guerrero y el empresario vasco Joseba Antxon Alonso, han sido detenidos.
Por su parte, Correos señala estar atendiendo los requerimientos recibidos, pero no facilitan más información por respeto al secreto de sumario.
Presuntos delitos de prevaricación, malversación, tráfico de influencias y organización criminal
En concreto, estas detenciones, así como los requerimientos de información, forman parte de la operación que desarrollan los agentes de la UCO por orden del juez Antonio Piña, en el marco de la causa que permanece bajo secreto de sumario. Esta causa viene impulsada por la Fiscalía Anticorrupción. En ella se investigan presuntos delitos de prevaricación, malversación, tráfico de influencias y organización criminal.
Este jueves, según confirma EFE, el Juzgado ordenó practicar 19 registros y requerimientos de información, algunos de los cuales se conocieron, como los que tuvieron lugar en las sedes de la SEPI o de Enusa, empresa pública en la que Leire Díez trabajó una temporada, al igual que en Correos.
Una de las últimas detenciones practicadas esta semana ha sido la de Antxon Alonso, el socio del exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán. Todo ocurre en la misma operación en la que también fueron arrestados la exmilitante del PSOE Leire Díez y el expresidente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) Vicente Fernández por presuntas irregularidades en contrataciones públicas.
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