Esta mañana ha continuado el juicio. Han declarado los policías que realizaron las escuchas ordenadas por el juez, y de nuevo hemos visto una imagen poco habitual en un tribunal. Uno de los abogados acusadores se ha quitado la toga para declarar, además, como testigo.
Garzón ha llegado al Tribunal Supremo acompañado por su abogado. El mismo que ha llamado a declarar como testigo a Ignacio Pelaez, letrado de la acusación particular y ha intentado demostrar que, aunque se grabaron las converssaciones con su cliente en la carcel, estas no fueron utilizadas por el juez Garzón.
En la segunda sesión del juicio al juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón el letrado Ignacio Peláez, autor de la querella que dio origen a la causa, abogado del empresario José Luis Ulibarri imputado del caso 'Gürtel' sostuvo que se le había escuchado en un centro penitenciario hablando con su cliente y eso, en un estado de derecho le parece "grave".
Un mando policial que intervino las conversaciones de imputados en el "caso Gürtel" y sus abogados en prisión por orden de Baltasar Garzón ha asegurado que el magistrado requirió que el derecho de defensa fuera la "cláusula" por la que debían guiarse en las intervenciones.
Así lo ha explicado en el Tribunal Supremo el jefe de la Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) durante la segunda sesión del juicio a Garzón, que se enfrenta a una pena de hasta 17 años de inhabilitación por ordenar interceptar las conversaciones mantenidas en la cárcel de Soto del Real entre imputados de la trama y sus letrados.
El inspector policial que dirigió las grabaciones. Ha reconocido que es la primera vez en su vida profesional que recibe un mandato así y que por ello le pidió una aclaración al juez Garzón: "Como se pueden grabar las conversaciones sin violar a confidencialidad de estas" pero Garzón le dijo que esa no era su responsabilidad. El inspector ha afirmado que mantenía permanentes reuniones con Garzón porque los imputados blanqueaban dinero desde la carcel.
El policía ha explicado que en las investigaciones sobre blanqueo la prioridad es "la intervención de bienes", por lo que trasladaron al juez la necesidad de "trazar alguna estrategia" para evitar que el patrimonio de los imputados se pusiera a nombre de terceros y, por tanto, fuera del alcance de la Justicia.
