En declaraciones a los periodistas, Antonia Moro ha argumentado que el grupo socialista está "muy satisfecho" con el desarrollo de la comisión y por ello quiere hacer una "reprogramación" de la misma para que "se incorporen nuevos comparecientes al objeto de aclarar y dar más información sobre los hechos que está investigando".
Esta propuesta lleva aparejada, según la portavoz socialista, una "repercusión" en las comparecencias ya previstas, entendiendo -ha dicho- que "el presidente debe ser el último" en comparecer "por razones institucionales y de lógica".
"Cuando hicimos la programación que estamos desarrollando se acordó que Griñán, siendo el presidente de la Junta, fuera el último que compareciera, y entendemos que se siga manteniendo esa coherencia. No hay ninguna razón de otro tipo", ha argumentado. Moro, que no ha querido desvelar los nombres que su grupo propondrá como posibles nuevos comparecientes, ha explicado que si la comisión aprueba en su reunión de este jueves esa segunda ronda de testimonios, se dará un plazo para que cada grupo "decida qué personas pretende que vengan", y posteriormente se decidirán las fechas para que lo hagan.
Respecto a las declaraciones, este miércoles han seguido con el mismo denominador de las anteriores comparecencias. Los altos cargos de la Junta dicen que no controlaban el dinero repartido porque, según ellos, dependía solo de Empleo. Algo que ha originado un nuevo enfrentamiento entre socialistas y populares.
Ha compareceido la Consejera de Hacienda de la Junta de Andalucía, Carmen Martínez Aguado, que, como el resto de comparecientes, ha eludido cualquier tipo de responsabilidad. Y defiende la gestión del gobierno andaluz. Su interrogatorio ha dado lugar a varios rifirrafes con los diputados del PP.
Después le ha tocado el turno al que fuera mano derecha de Manuel Cháves, Gaspar Zarrías. El exconsejero de la Presidencia asegura que desconocía la existencia de irregularidades porque los procedimientos de los EREs, según él, eran legales.
